Más de 16 millones de indocumentados que viven en EEUU esperan que se apruebe en la Cámara de Representantes la norma consensuada entre demócratas y republicanos, que es el resultado de un trueque entre mayores facilidades para los inmigrantes y mayor seguridad en la frontera mexicano-estadounidense. Quién gana y quién pierde.

Tras cuatro años de indecisiones y promesas incumplidas, el presidente Barack Obama logró finalmente hincarle el diente a la reforma migratoria. Las razones son grandes y muchas: al menos 11 millones de extranjeros que residen en situación irregular, 18.000 millones de dólares destinados en 2012 al control y deportación de inmigrantes, centenares de millones invertidos cada año en la educación y capacitación de ciudadanos que acaban siendo obligados a retornar a sus países de origen, alrededor de 200 mil deportaciones realizadas sin amparo judicial; y, muy fundamentalmente, 12,5 millones de votantes hispanos que garantizaron el triunfo en las elecciones del 6 de noviembre de 2012.

La reforma migratoria es, y ha sido, una de las grandes prioridades de Obama en este, su segundo mandato. En este aspecto Estados Unidos parece querer avanzar en lugar de retroceder, como España. Demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo a mediados de mayo para plantear su propia ley en la Cámara de Representantes. A principios de junio los “pro reforma” habían consensuado un texto (sujeto a una buena cantidad de enmiendas y votaciones) que tuvo un aplastante respaldo en comisión en el Senado: 84 votos a favor, 30 de los republicanos, frente a 15 adversos, despejaron el camino. Este “pacto de principios”, como fue descrito por los legisladores, está considerado como un paso importante para la aprobación final de la nueva ley.

Si la norma es ley es por el impulso que le está dando el Senado (de mayoría demócrata). Y si los republicanos sensatos no la apoyan, se arriesgarían a convertirse en los grandes derrotados de una pugna que va más allá de estas reformas y puede tener consecuencias electorales, por la importancia que adquirirá el voto hispano en las próximas elecciones.

Pero fue el pasado día 11 cuando el Senado le dio un contundente respaldo a la reforma migratoria en otra votación en comisión que terminó 68 contra 32. Aunque fue un primer trámite de un complejo procedimiento para permitir el debate de la legislación en el pleno de la Cámara, el abultado número de votos a favor de los dos partidos dan por segura la victoria en la Cámara de Representantes en la votación final, prevista para el 4 de julio (día de la fiesta nacional), aunque este plazo terminó por extenderse.

La ley llegará a la Cámara baja en medio de un fuerte debate sobre la necesidad de incrementar la seguridad en la frontera. “Voy a votar para que se debata y para que exista la oportunidad de corregirla, pero para que se convierta en ley es necesario cambios en materia de seguridad en la frontera, beneficios gubernamentales e impuestos”, declaró el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

En México, el país de origen de más de 30 millones de personas que viven en Estados Unidos (la mayor presencia de inmigrantes foráneos en un país extranjero en el mundo), la decisión del Senado estadounidense de fortalecer la seguridad con más agentes armados y construir más de mil kilómetros de muros en la frontera, fue recibida con frialdad. “Eso no resolverá el problema migratorio. Pero nos preocupa más el silencio y la pasividad del gobierno mexicano. Los que vivimos aquí esperamos una reacción más firme”, reaccionó César Rea, presidente de la Asociación de Comunidades Mexicanas Unidas. Una posición que comparten la mayoría de las asociaciones de mexicanos en Estados Unidos.

El problema –según las mismas asociaciones– no es el aumento de la seguridad del lado estadounidense sino la espiral de violencia en que está sumida la frontera mexicana. A pesar de todo, 40 mil agentes vigilarán la línea divisoria entre los dos países, el doble de los que lo hacían hasta ahora. Además se incorpora el uso de tecnología desarrollada en Afganistán para detectar la entrada de indocumentados y vigilar el tráfico de drogas y armas, aviones no tripulados y una base de datos biométricos de aquellos que intentan abrirse camino dentro el país. Una inversión de 30.000 millones de dólares para reforzar las medidas de protección y control en el límite con México. Y es solo una parte de la inversión programada.

La Asociación por las libertades Civiles considera que la ley para la reforma tomó un giro inesperado al ampliar la vigilancia a “niveles obscenos” y “sin precedentes”. Los republicanos, en cambio, lucen contentos. El “Tea Party” y el ex candidato a la vicepresidencia en 2012, Paul Ryan, reconocieron que la enmienda para la seguridad mejora las opciones de la legislación.

La frontera común entre los dos gigantes del norte, de unos3.000 kilómetros, es testigo de uno de los tráficos de personas –un millón de ellas la cruza diariamente– y mercancías –incluidas armas y drogas– más intensos del planeta.

“El Senado de Estados Unidos ha servido hoy a los ciudadanos”, aseguró Obama cuando se votó la ley. El presidente afirmó que el proyecto legislativo “es un compromiso” y que ninguna de las partes logró todo lo que quería. “Ni los demócratas, ni los republicanos, ni yo”, graficó. “Pero la ley es consistente con los principios de sentido común que, como tantos, he defendido en tantas ocasiones”.

Esta reforma ha sido, durante décadas, la aspiración de millones de familias que viven en una dura clandestinidad, sin acceso a la mayoría de los servicios sociales, sin perspectivas de una vida estable, discriminados y marginados, cuando no perseguidos o confundidos con delincuentes. La reforma ha sido un campo de batalla en el que los partidos políticos han rivalizado constantemente por intereses electorales. Por más de 30 años, los intentos de poner en orden un sistema migratorio a todas luces quebrado se estrellaron con la oposición de quienes pretendían conservar su escaño o su estrecho criterio sobre la nacionalidad o las tradiciones norteamericanas.

La propuesta aprobada por el Senado contempla como medidas principales la legalización y eventual ciudadanía de la población indocumentada y la provisión de fondos multimillonarios para el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. El Plan lleva por nombre “Acta para la seguridad fronteriza, la Oportunidad Económica y la Modernización de la Inmigración de2013”.

Los indocumentados, entre otra respetable cantidad de exigencias, primero obtendrán un permiso temporal renovable de seis años si demuestran que entraron antes del 31 de diciembre de 2011 y que han mantenido una presencia física continuada en el país. Ese permiso les permitirá trabajar en cualquier empresa y viajar fuera de EEUU. Para obtener ese estatus provisional renovable tendrán que pagar 500 dólares y estar al día con todas sus deudas.Para ganarse la residencia los afectados tendrán que pagar una multa de mil dólares y otras tarifas, estar al día con sus impuestos, demostrar que han trabajado con regularidad y tener conocimiento del inglés.

El país destina el 40% de las visas por vínculos laborales a individuos con maestrías y demás posgrados en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas de una universidad estadounidense, y que tengan una oferta de trabajo en EEUU.Y establece una visa “W” para trabajadores con menos destrezas laborales en las áreas de servicios.

La reforma exige que todos los empleadores utilicen el programa federal de “E-Verify” en un plazo de cinco años, para chequear el estatus migratorio de los trabajadores.

Según el periodista español Gonzalo Fanjul, los europeos deberían tomar nota del proyecto de Obama. En Europa –dice– los mecanismos que controlan la movilidad han fracasado. Europa no ha sido capaz de encontrar una regulación más inteligente de la entrada y salida de inmigrantes. Los europeos acumulan bolsas de inmigración irregular hasta que el sentido común impone algún tipo de amnistía. En los últimos 25 años, los países europeos han realizado nada menos que 57 de ellas.

Las economías europeas y los “estados de bienestar” necesitarán de forma desesperada la mano de obra que rechazan. Pero 70 de las 92 reformas legislativas llevadas a cabo por países europeos desde 1990 estuvieron dirigidas a restringir la inmigración: procesos más largos, costosos y complejos para obtener un visado; reducciones en los permisos de trabajo y residencia; u obstáculos para la reunificación familiar. La lógica de este modelo –solo para inmigrantes–: apartheid sanitario, reclusiones arbitrarias, el acoso de extremistas, procedimientos extrajudiciales y la denegación del derecho de asilo y refugio se han convertido en moneda corriente para los inmigrantes en muchos países europeos, destruyendo décadas de progresos legales y sociales.

Es casi seguro que la ley en EEUU no saldrá tan rápido como todos quieren ya que empiezan las vacaciones de verano, pero también es casi seguro que finalmente ganen los “proreforma”. Una somera lectura de lo que se ha discutido y conseguido demuestra que Estados Unidos no te regala nada. Demuestra también que la clase dirigente mexicana se preocupa poco y nada de sus compatriotas, que viven en condiciones miserables del otro lado del río Bravo. No solo no los han defendido, sino que ni siquiera se han planteado eliminar a “la Bestia”. Por este nombre se conoce al tren que recorre los mil kilómetros que unen México con Estados Unidos. Al tren se sube pero nadie está seguro de bajar con vida.

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