El movimiento indígena lleva diez días de protestas, con un saldo de al menos tres muertos, 92 heridos y 94 detenidos.

Como ocurriera hace un tiempo en Chile (2019), Colombia (2021) y Perú (2022), es ahora Ecuador el país de Sudámerica el que atraviesa una crisis con un estallido social que, en los últimos diez días, acumula tres muertos, al menos 92 heridos y 94 detenidos, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de ese país.

Por su parte, la Policía de Ecuador informó de 117 efectivos y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados.

Estos números apenas son un mínimo reflejo del sufrimiento de la población indígena ecuatoriana, que desde el 13 de junio protesta contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso, el banquero que el año pasado llegó al poder tras vencer al correísta Andrés Arauz.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lidera las protestas en varias regiones del país en reclamo por el aumento del costo de vida, que comenzó durante la pandemia y se espiralizó en los últimos meses con el incremento del precio del combustible, provocado por la invasión de Rusia a Ucrania que disparó los valores del crudo a nivel internacional.

La Conaie, que mantuvo varios diálogos sin resultados con el Gobierno antes de iniciar las protestas, reclama un descenso en los precios de los combustibles a 1,50 dólares del galón (3,78 litros) de diésel y a 2,10 de la nafta de 85 octanos.

Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, los precios eran revisados mensualmente, por lo que el diésel casi se duplicó (de 1 a 1,90 dólares) y la nafta común subió 46% (de 1,75 a 2,55).

La organización indígena también protesta por la falta de empleo y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos, y por el control de precios de los productos agrícolas y la renegociación de deudas de campesinos con los bancos.

Pese a los reclamos, todavía no se conformó una mesa de diálogo entre los máximos representantes de la Conaie y el Gobierno, que por ahora se mantiene inflexible. 

El ministro de Defensa, Luis Lara, alertó el martes último que la democracia está en “serio riesgo” en ese país, horas después de que Lasso, actualmente contagiado de Covid-19, aunque asintomático, declarara el estado de excepción en seis provincias con el objetivo de sacar de las calles al movimiento aborigen.

“Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia (…) para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes”, enfatizó Lara, escoltado por la plana mayor de las Fuerzas Armadas.

En medio de este escenario de crisis, gobernadores de 23 provincias de Ecuador propusieron una tregua de 24 horas entre el Gobierno nacional y la Conaie.

En la Asamblea Nacional (Congreso), la oposición correísta, representada en la bancada Unión por la Esperanza (UNES), impulsa la comparecencia de Lara y del ministro del Interior, Patricio Carrillo, para que informen sobre las intervenciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el contexto del paro nacional.

Además, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal por rebelión y terrorismo generados durante el paro, y pidió que se investigue a personas vinculadas con estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiarían el paro, añadió El Universo.