Los proyectos de los senadores oficialistas Fernández y Corregido contemplan castigos a funcionarios que, teniendo que haber actuado ante estas denuncias, no lo hayan hecho.

Dos proyectos de ley sobre violencia familiar, que proponen habilitar la denuncia por parte de terceros y de niños y adolescentes, fueron presentados por los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido.

Las propuestas contemplan también imponer castigos a funcionarios que, teniendo que haber actuado ante estas denuncias, no lo hayan hecho, explicaron los legisladores durante una conferencia de prensa en el Senado.

Las iniciativas también establecen la creación de un registro nacional de deudores alimentarios en mora y plantean restricciones para estas personas como el impedimento de obtener o renovar pasaporte, licencias de conducir o tarjetas de crédito, o la apertura de cuentas bancarias.

Quienes adeuden cuotas alimentarias tampoco podrán conseguir habilitaciones para abrir comercios o industrias, o desempeñarse en cargos públicos, así como obtener concesiones, permisos o licitaciones.

El oficialismo aspira a que ambas iniciativas, que serán presentadas mañana en la mesa de entradas del Senado, sean tratadas en comisión a la brevedad para ser sancionadas antes de fin de año, adelantó Fernández.

La primera de las leyes propuestas, denominada de \”protección, sanción y erradicación de la violencia y abuso de poder en el grupo familiar\”, determina que las denuncias podrán hacerse ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, las provincias o los municipios, y que podrá solicitarse la reserva de identidad del denunciante.

Agrega que niños, niñas y adolescentes podrán denunciar \”por sí los hechos que los afectan\” ante cualquiera de estos ámbitos, y que los testimonios podrán ser verbales o escritos, e incluso por correo electrónico o en lenguajes alternativos, en el caso de personas discapacitadas.

El proyecto incorpora también la llamada \”denuncia solidaria\” para que terceros o \”todos aquellos que se sientan afectados\” por una situación de violencia, puedan efectuarla sin necesidad de la presentación de pruebas.

Corregido informó que se abrirán cursos de capacitación para todos los ámbitos del Estado encargados de recibir las acusaciones para que los agentes \”estén preparados sobre cómo actuar ante una víctima de este tipo de delitos\”.

\”El principal objetivo es excluir al denunciado del hogar para poner fin lo antes posible a este tipo de situaciones\”, explicó Fernández, quien agregó que se dispondrá el impedimento de la portación de armas para los denunciados que las posean.

Fernández admitió que \”todas las leyes que se puedan hacer\” en este sentido \”son insuficientes\”, pero consideró que si se aprueban estas propuestas serán \”herramientas contundentes\” en la lucha contra la violencia familiar.

\”Lo primero que tenemos que hacer es proteger a la familia de aquel que comete este tipo de abuso de poder\”, sostuvo el senador del Frente para la Victoria, y se mostró confiado en que el resto de los partidos políticos acompañará estas iniciativas.

En el caso de terceros o funcionarios públicos \”obligados a denunciar y que omitieren cumplir con dicha obligación, se les impondrá una multa diaria equivalente al uno por ciento del sueldo básico de un juez por cada día de demora o pena de arresto de hasta diez días\”.

\”Si se tratara de un superior jerárquico la multa será de hasta el diez por ciento del sueldo de un juez y la pena de arresto será de hasta 30 días\”, agrega el texto de la iniciativa.