Incluyó el Consenso Fiscal, la reforma al Consejo de la Magistratura y la ley de Compre argentino, entre otras leyes económicas. No el plan plurianual.

El Poder Ejecutivo nacional convocó este martes a sesiones extraordinarias entre el 1° y el 28 de febrero para tratar un menú de temas como el  Consenso Fiscal, la reforma al Consejo de la Magistratura y la ley de Compre argentino, entre otros.

Como se preveía, ante la falta de acuerdo en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no envió el plan plurianual que debía incluir en nuevo pacto.

Una vez oficializado el llamado, el presidente de la Cámara de Diputados,  Sergio Massa, comunicó el temario a los jefes de los bloques e inició el diálogo por comisiones.

La Casa Rosada se dedicó este martes a limar detalles de la agenda parlamentaria que propuso el oficialismo antes de concretar el llamado, aunque se sabía de antemano que se incluiría el Consenso Fiscal 2022 firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, salvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Esa iniciativa faculta a las provincias a modificar impuestos, subirlos o bajarlos, en la medida en que necesiten readecuar su estructura recaudatoria.

Otro de los temas que ingresaron, y que también formaban parte de una nómina previa del oficialismo, es la reforma del Consejo de la Magistratura, debido al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 que regula el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar a los jueces.

Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en la urgencia de tratar el tema este verano ya que en su fallo de mediados de diciembre el Máximo Tribunal de Justicia dio 120 días corridos de plazo para realizar cambios en la composición del Consejo.

La Corte exhortó al Congreso a sancionar una nueva normativa por considerar que hasta ahora no se respetó el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados.

De no cumplir con este plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y, a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran veinte miembros y no 13.

El proyecto del oficialismo, que reunirá la mayoría en el Senado si el Frente de Todos (FdT) tiene asistencia perfecta y suma dos aliados a la causa (en Diputados la cuenta es más compleja) apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo incorporando dos abogados, un juez y dos representantes del ámbito académico y científico.

De prosperar la iniciativa del Gobierno, quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), un representante del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).

Siguiendo la perspectiva de género presente en el proyecto oficialista, tanto en el caso de los legisladores nacionales como en el del estamento de académicos y científicos, y el de los abogados, al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

También se debatirá la ley marco para la producción medicinal de cannabis y cáñamo industrial; la ley de electromovilidad para el mercado de los autos eléctricos; la nueva norma de hidrocarburos, la de agroindustria y el régimen de promoción industrial automotriz.

Además, se sumaron la creación de la Universidad Nacional del Delta, el proyecto por el cual se crea el Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”; y la de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, entre otros.