El costo de vida interanual se mantiene cerca del 50 por ciento. Acuerdan en el Consejo del Salario anticipar las cuotas que faltaban. Planes sociales.

El salario mínimo aumentará 35% en septiembre, cinco meses antes de lo previsto, y entonces se evaluará un aumento en línea con las paritarias,  según acordó el Gobierno con sindicatos y empresarios.

El pacto hasta ahora informal alcanzado el fin de semana prevé el anticipo de los cuatro tramos que restaban del piso formal de ingresos y su concentración en tres etapas, en julio, agosto y septiembre.

El adelantamiento de la suba tendrá impacto en un número reducido de trabajadores formales pero su mayor proyección se dará en los casi 900 mil planes sociales que pagan la mitad del mínimo y en otros 4,5 millones destinados a poblaciones vulnerables y que se rigen por el mismo parámetro para establecer su monto.

El gobierno de Alberto Fernández negoció con la CGT, la CTA de los Trabajadores y representantes patronales como la Unión Industrial Argentina (UIA), un esquema para “tocar” el piso salarial.

El acuerdo dejó conformes a todos los protagonistas aunque para el Poder Ejecutivo suponga un reconocimiento de la escalada inflacionaria, que se mantiene cerca del 50 por ciento interanual.

Para los empresarios fue clave diferir el ajuste para poner a resguardo las paritarias cerradas en los primeros meses del año, en tanto que para las centrales sindicales representó un avance político haber acomodado la pauta.

En abril el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil votó por mayoría una mejora de 35% en siete tramos de los cuales se pagaron hasta ahora los tres primeros, con un ajuste de 17% hasta ahora.

Los cuatro que faltaban y que se completaban en febrero se resumirán a tres: 9% en julio, 4% en agosto y 5% en septiembre, cuando alcance los 29.160 pesos.

Hasta las paritarias. Una vez concluido el ajuste final se mantendrá la premisa de revisar el acuerdo a la luz de las paritarias cerradas en las últimas semanas en valores más cercanos al 45%, como sucedió con Camioneros y varios gremios del sector público.

Como ocurre en cada ajuste, los nuevos valores tendrán un impacto proporcional sobre el pago por horas y en las prestaciones por desempleo.

El Gobierno se reservará para la previa de las elecciones legislativas el anuncio de un eventual nuevo aumento del salario mínimo, ya sea por acuerdo en la negociación tripartita o bien por decreto.

También en ese aspecto está tomada la decisión de asimilar el ajuste a los valores negociados en las últimas paritarias como parte de la prédica oficial de que este año los salarios, las jubilaciones y los planes sociales deberán ganarle “con amplitud” a la inflación.

De las conversaciones participaron, entre otros, el ministro de Trabajo,  Claudio Moroni, los dirigentes sindicales Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA de los Argentinos) y el nuevo presidente de la UIA, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja.

Los gremialistas habían pedido adelantar los tiempos y Yasky insistió hasta último momento en la necesidad de aumentar el número final, lo que en definitiva se analizará en la revisión pautada para septiembre.

El acuerdo impulsado por el gabinete económico también plasmó como política de Estado un planteo que inicialmente se asoció a Cristina Kirchner: el de estimular la economía por la vía de la demanda y el consumo interno. 

A tal punto pareció en principio el reclamo aislado de la accionista mayoritaria del Frente de Todos que las primeras paritarias firmadas en 45%, cuando hasta entonces la pauta privada estaba diez puntos por debajo, surgieron en entes controlados por esa línea: el PAMI de Luana Volnovich, el Anses de Fernanda Raverta y el personal del Congreso, con la firma de la propia vicepresidenta junto a Sergio Massa.

Luego vendría el retoque discursivo del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para empezar a hablar de que este año el triunfo de los ingresos sobre precios debería ser sustantivo.

Fuentes: Ámbito y agencias