De esta manera, se anulan las causas que el exjuez impulsó contra el expresidente en el marco de la operación Lava Jato.

A dos semanas de que la Justicia anulara todas sus condenas por corrupción, el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva consiguió anoche otra victoria judicial cuando el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, reconoció por tres a dos la parcialidad y la persecución política ejercida por el exjuez Sérgio Moro contra el exmandatario, quien de esta manera vio anulada su condena a ocho años de cárcel por la cual estuvo 580 días preso e inhabilitado para ser candidato presidencial en 2018.

La votación es una derrota política para la operación Lava Jato y para el bolsonarismo, que apostaba al rechazo al hábeas corpus presentado por Lula en 2018 y que recién este martes tuvo un desenlace.

La votación de la Sala II del STF es una victoria para Lula ,que ya había obtenido otra la semana pasada, cuando el juez Edson Fachin le quitó a la operación Lava Jato el caso del expresidente por cuestiones de jurisdicción.

Esta vez votaron a favor de Lula los jueces Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski y Carmen Lúcia Antunes, quien cambió su posición al considerar que desde 2018 se conocieron los abusos de Moro contra el líder del PT, aunque pidió que esta decisión no sea expandida a todos los otros condenados por Lava Jato.

Votó en contra Fachin y también Kassio Nunes Marques, el magistrado designado por Bolsonaro que defendió el derecho de defensa de Moro.

Los jueces que acataron el hábeas corpus entendieron que Moro cometió ilegalidades en la instrucción del proceso, usando arbitrariedades y hasta la pinchadura de teléfonos del equipo de abogados del expresidente. El caso vuelve a foja cero y deberá ser determinada otra investigación.

El hábeas corpus también tendrá influencia sobre una segunda condena contra Lula por una quinta en Atibaia, en el interior de San Pablo, por la que está condenado, pero esta causa fue anulada.

De todos modos, la anulación de los casos por jursdicción deberá ser votada a partir de fin de marzo por el pleno del STF y esto sí le podría anular todos los procesos a Lula, quien actualmente está libre para participar de las elecciones de 2022.

El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, afirmó que la operación Lava Jato no merecerá “el perdón de la historia” por haber instaurado “un estado policial”.

“Todos tienen derecho a un juicio justo por un juez imparcial”, escribió la jueza Antunes.

El jurista Pedro Serrano, el constitucionalista más respetado de Brasil, dijo que “no hay que bajar la guardia porque podrá ocurrir de todo en este país” y que el Poder Judicial debe recuperar su credibilidad y trabajar por la “verdad y la Constitución”.

Según Serrano, “se descubrió que Lava Jato fue el eje de una operación política que alteró las elecciones de 2018”.

Bolsonaro había dicho el lunes que Lula iba a estar inhabilitado en 2022, sobre todo luego de que tras la anulación de sus condenas por jurisdicción el exsindicalista comenzara a liderar las encuestas.

Lula estuvo 580 días preso en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, donde estaba radicada la operación Lava Jato, con una condena en tres instancias.

Filtraciones hechas por un hacker mostraron el complot de Moro y el equipo de fiscales de Lava Jato dirigida por Deltan Dallagnol, en la cual lanzaban acciones de persecución contra dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y la familia de Lula, a quien llamaban “Nine”, burlándose de la pérdida de un dedo del ex presidente cuando era un tornero mecánico.

En su voto, el juez Mendes, el más crítico de Lava Jato, a la que comparó con la Stasi y la justicia del stalinismo, también se preguntó :”Después de todo esto, ¿alguien le compraría un coche usado a Moro?”.

El exjuez pasó a ser ministro de Justicia de Bolsonaro y antes de las elecciones que ganó el actual mandatario filtró a la prensa una delación premiada del exministro de Economía Antonio Palocci supuestamente perjudicando al PT.

Moro renunció por una discusión de la extrema derecha en mayo de 2020 y ahora es socio de Alvarez & Marsal, estudio jurídico estadounidense que administra la quiebra de Odebrecht, empresa eje de la operación Lava Jato con 78 exejecutivos convertidos en delatores premiados.