El gobierno verificó faltantes en las góndolas y caídas de la producción, por lo que las intimó a resolver la situación.

Las empresas de consumo masivo imputadas por el Gobierno nacional tras verificar falta de productos en las góndolas tendrán un plazo de cinco días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima: de lo contrario podrán pagar multas de hasta 10 millones de pesos.

El ministerio de Desarrollo Productivo imputó ayer a un grupo de empresas líderes en la elaboración de productos de consumo masivo en un proceso de fiscalización de los inspectores de la secretaría de Comercio Interior.

La secretaría de Comercio Interior informó que apuntó a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo. 

“El objetivo, de todos modos, no es sancionar sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta”, detallaron fuentes de la cartera que conduce Matías Kulfas.

Las mismas fuentes explicaron que la imputación “es un proceso administrativo que implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la Secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación”.

Al respecto, agregaron que “una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD) debe responder en el plazo de 5 días o modificar la actitud que causó la imputación”.

Si la empresa informa que retomó el normal abastecimiento se termina el proceso administrativo pero si la información es insuficiente o si no la presentan, se avanza en el proceso de multado a pedido de la subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.

No obstante, las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales.

“El objetivo principal de estas imputaciones es que las empresas restablezcan los niveles de producción y stock, y que tomen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión de los productos en los comercios”, precisaron las fuentes, que detallaron que “todas las empresas fueron notificadas por el sistema de Trámites a Distancia”.

Las imputaciones se realizaron por la presunta infracción a la resolución 100/2020 (Precios Máximos), que supone un incumplimiento a la Ley de Abastecimiento.

El Gobierno informó que tras identificar los faltantes en góndolas, los inspectores fiscalizaron los centros de distribución y constataron que desde las empresas proveedoras hubo inconvenientes en la entrega de mercadería.

Posteriormente se realizaron requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.