Lo hizo con un fallo que rechaza la pretensión de los republicanos de anular la victoria del demócrata Biden por más de 80.000 votos. Otras demandas.

Cuando faltan cinco días para que se reúna el Colegio Electoral que proclamará la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido del presidente estadounidense Donald Trump para anular la victoria del demócrata en Pensilvania.

Se trata de la denegación de mayor peso que recibió hasta ahora la ofensiva legal de Trump para revertir su derrota.

El representante republicano Mike Kelly argumentó que una ley estatal de 2019 que autoriza la votación universal por correo es “inconstitucional” y que todas las boletas emitidas por esa vía en las elecciones generales de Pensilvania debían descartarse. Y fue a la Corte.

“La solicitud de medida cautelar (…) es denegada”, se lee en el escueto fallo del Máximo Tribunal, que no comenta más ni sugiere disenso entre los nueve magistrados, la mayoría conservadores.

Kelly, junto con varios otros legisladores, presentó la demanda el 21 de noviembre y solicitó a Pensilvania que rechazara los más de 2,5 millones de boletas emitidas por correo o permitiera que sean los legisladores estaduales quienes seleccionen los electores presidenciales que se reunirán el próximo lunes, cuando los republicanos controlan esa legislatura.

La Corte Suprema del estado ya había desestimado por unanimidad la demanda el 28 de noviembre afirmando que el Partido Republicano había esperado demasiado para impugnar la ley. “Insatisfechos con los resultados de esa apuesta, ahora volcarían la mesa, esparciendo en las sombras los votos de millones de pensilvanos”, escribió el juez David Wecht. “No es nuestro papel dar legitimidad a esfuerzos tan transparentes e inoportunos para subvertir la voluntad de los votantes de Pensilvania”, agregó, lapidario, el magistrado.

Los abogados que representan al gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, han dicho que las afirmaciones de Kelly de que la Ley 77, que permite a los votantes emitir su voto por correo por cualquier motivo, es inconstitucional, carece de fundamento.

“Después de esperar más de un año para impugnar la Ley 77 y participar en maniobras procedimentales en el camino, llegan a esta Corte con las manos sucias y le piden privar a todo un estado del derecho al voto”, acusaron. “Hacen esa solicitud sin ningún reconocimiento de la asombrosa conmoción, la agitación y la acritud que desencadenaría”, añadieron.

La ley se aprobó en 2019 con un amplio apoyo de los republicanos de Pensilvania, que tiene 20 votos en el Colegio Electoral y certificó sus resultados el 24 de noviembre con un triunfo de Biden por más de 80.000 votos.

El equipo legal de Trump presentó una treintena de demandas en estados donde perdió en las elecciones del 3N, movimientos legales que no han llegado muy lejos en Arizona, Michigan, Nevada y Pensilvania.

En muchos casos, los jueces han ofrecido comentarios mordaces en sus decisiones al desestimar varias demandas de la campaña de Trump y sus aliados.

Está previsto que los electores se reúnan en estados de todo el país el próximo domingo para emitir sus votos en el Colegio Electoral, donde se espera que Biden reciba 306 sufragios, 36 más de los 270 que necesita para convertirse en el próximo presidente de EEUU.

Otras demandas. El estado de Texas demandó a Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin acusándolos de efectuar cambios inconstitucionales en las leyes electorales este año, explotando la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El fiscal general del estado de Alabama, Steve Marshall, y sus homólogos de Arkansas y Luisiana, Leslie Rutledge y Jeff Landry, apoyaron el planteo de su colega de Texas, que desafió los resultados de las elecciones presidenciales en cuatro estados ante la Corte Suprema. 

La fiscal general de Arkansas decidió “apoyar la moción [de Texas] en todas las maneras legalmente apropiadas”. “La integridad de nuestras elecciones es una parte crítica de nuestra nación y debe ser defendida”,  declaró Rutledge.

Marshall, por su parte, denunció en un comunicado este martes que las “acciones inconstitucionales y los votos fraudulentos en otros estados no solo afectan a los ciudadanos de esos estados, sino que afectan a los ciudadanos de todos los estados”.