Incluye a los servicios de electricidad, gas, agua, telefonía fija o móvil, Internet y televisión por cable.
El Gobierno publicará hoy un decreto de necesidad y urgencia por el cual prorrogará hasta el 31 de diciembre la supensión del corte de los servicios de electricidad, gas, agua, telefonía fija o móvil, Internet y televisión por cable para sectores vulnerables en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas vencidas desde el 1° de marzo.
El decreto es una continuación del 311/2020 del 24 de marzo último, que establecía el no corte por 180 días y que estaba próximo a vencer.
De esta forma, se extenderá por tres meses más este beneficio que corría para quienes tuvieran hasta tres facturas no pagadas, que ahora se extendió a siete.
La suspensión del corte no corre para toda la población sino para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil, usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles.
También están alcanzados los trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil, usuarios que perciben seguro de desempleo, electrodependientes, beneficiarios de la ley 27.351; usuarios incorporados al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley 26.844) y exentos en el pago de ABL o tributos locales de la misma naturaleza.
En tanto, los usuarios no residenciales a los cuales no se les debería cortar el servicio por falta de pago son las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), según lo dispuesto por la ley 25.300, afectadas en la emergencia.
También las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) afectadas por la emergencia; las instituciones de salud, públicas y privadas, afectadas por la emergencia; y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.