Tribunal Supremo de Brasil autoriza investigar acusaciones de Moro contra Bolsonaro

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El renunciante ministro de Justicia lo acusó de “interferencia política” en la Policía Federal por destituir al director de ese cuerpo, Maurício Valeixo.

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó investigar las acusaciones del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, contra el presidente Jair Bolsonaro, por “interferencia política” en la Policía Federal.

El magistrado Celso de Mello admitió una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que pidió autorización del STF para investigar las denuncias de Moro, formuladas antes de que el pasado viernes presentara su renuncia al cargo.

El juez dio un plazo de 60 días a la Policía Federal para que interrogue al exministro en relación a las acusaciones contra el primer mandatario.

En su decisión, De Mello argumentó que “absolutamente nadie tiene legitimidad para transgredir y vilipendiar las leyes y la Constitución de nuestro país”, porque “nadie está por encima de la autoridad del sistema legal del Estado”.

Los resultados de la investigación, que se entregarán al fiscal general de la República de Brasil, Augusto Aras, podrían allanar el camino a un pedido de juicio político contra Bolsonaro o a una acusación por falso testimonio contra Moro.

Moro, el exjuez que llevó al expresidente Lula a la cárcel, atribuyó a Bolsonaro una “interferencia política” en la Policía Federal por destituir al director de ese cuerpo, Maurício Valeixo, un hombre de su riñón.

Moro señaló que detrás del desplazamiento de Valeixo hubo fraude y que Bolsonaro quería tener acceso a información confidencial de inteligencia de la PF, que investiga al círculo familiar el jefe de Estado.

Según Moro, el mandatario deseaba tener dentro del cuerpo policial a una persona que le pudiera brindar informaciones. “Y realmente ese no es el papel de la PF, las investigaciones tienen que ser preservadas”, alegó.

El primer mandatario brasileño negó cualquier interferencia política en la dirección general de la PF, y esgrime que no tiene que “pedir autorización para cambiar a un director o a cualquier otro [funcionario] que esté en la pirámide jerárquica del Ejecutivo”.

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