Se vienen las sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir la eliminación de las jubilaciones de privilegio.

La polémica sobre las jubilaciones de privilegio volvió a quedar sobre el tapete a finales del año pasado, cuando saltaron duros cuestionamientos durante la sanción del megapaquete de leyes de emergencia en el Congreso, en la que no se suspendió la movilidad de las jubilaciones de expresidentes y vices, jueces y fiscales, como sí ocurrió con quienes perciben haberes mínimos.

Para apaciguar las críticas, el presidente Alberto Fernández extendió a enero y febrero las sesiones extraordinarias del Congreso para sancionar una ley que termine con las jubilaciones de privilegio.

“El sistema de jubilación de la Argentina es muy confuso, hay regímenes especiales que en algunos casos son verdaderamente de privilegio”, dijo en diciembre Fernández, en relación a las pensiones especiales que reciben los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación.

“Donde más se manifiesta ese desequilibrio de las jubilaciones es en el caso de los jueces y de los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares y demás, entonces las jubilaciones son muy importantes”, insistió el jefe de Estado.

“¿Usted se bajaría el sueldo?”, le preguntó entonces la periodista Viviana Canosa. “Eso es un tema recurrente, pero que no es necesariamente justo. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana cuatro veces lo que gana el presidente. Cuando uno vive de sus ingresos, tampoco es muy entendible ese reclamo”, respondió. “Ya la política ha hecho un enorme ajuste en ese punto. En términos del aparato del Estado”, afirmó.

El ajuste parece seguir ya que, según indicaron fuentes del Gobierno al diario La Nación, “el tema está en estudio” pero reconocieron que “no es sencillo”.

“La intangibilidad de las remuneraciones de los jueces establecida en la Constitución Nacional contempla, según nuestra visión, a los ingresos de los magistrados en actividad. Por lo tanto, nada impediría que el impuesto a las ganancias pueda gravarse a los haberes de los jueces jubilados”, agregaron.

Un borrador que ya circula por Casa Rosada, según el matutino, contempla una suba en las contribuciones a la seguridad social por parte del Poder Judicial. Se busca una imposición del 21% en esos haberes especiales y un aporte adicional del 7% cuando éstos superen los 100 mil pesos.