El Ejecutivo pagó Letras en dólares por 200 millones y en pesos por el equivalente a US$ 300 millones.

En medio de los primeros pasos de la negociación con los bonistas que tienen en su poder papeles de la deuda argentina, este jueves el Tesoro cumplió con el pago de un vencimiento de Letras en dólares por cerca de 200 millones de dólares y de Letras en pesos capitalizables (Lecaps) por cerca de 18.000 millones de pesos,  un monto equivalente a US$ 300 millones.

Eran dos papeles ya “reperfilados”, pero las personas humanas que tenían estos títulos de corto plazo, cobraron el 100 por ciento de lo que les correspondía. Y los inversores institucionales -mayormente fondos comunes de inversión-, una cuota equivalente al 15% de lo que les hubiera correspondido si no se reperfilaban vencimientos, en agosto pasado.

Los pagos de este jueves podrían ser interpretados como una demostración de que el gobierno argentino tiene la intención y la voluntad de seguir pagando la deuda.

El hecho de que las reservas del Banco Central están en un nivel más alto del que se temía unos meses atrás, lo que le da aire a las autoridades económicas como para mantener el cumplimiento de las obligaciones.

De hecho las reservas de libre disponibilidad rondarán los 14.000 millones de dólares y las reservas totales están cerca de los 44.000 millones.

El próximo día 28 debe pagarse el cupón semestral del bono a 100 años, que insumirá otros 100 millones de dólares. Y el 31 el de un cupón de los bonos Discount por 750 millones de dólares.

En su primera conferencia de prensa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, evitó responder si cumplirán con los pagos que deban efectuarse mientras transcurran formalmente las negociaciones con los bonistas que tienen en su poder papeles emitidos bajo ley extranjera. Es una negociación que a su juicio debería estar concluida en marzo.

Tras los vencimientos de diciembre, esperan pagos en dólares por 900 millones en enero y por 450 millones en febrero.

En cuanto a los papeles emitidos bajo ley argentina la situación es menos beneficiosa para los acreedores. El Gobierno tiene la capacidad de imponer unilateralmente una reestructuración y los acreedores no contarían con la ayuda de la Justicia para revertir esa decisión oficial.