El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentó ante la Justicia Federal de Morón una denuncia penal contra la Mutual de Trabajadores de Camioneros que manejan Hugo y Pablo Moyano por supuestas maniobras de lavado de dinero mediante la emisión de facturas “dudosas y apócrifas” a empresas y prestadoras de servicios relacionadas con esa familia.

“La mutual de Camioneros hace giros de dinero con una docena de empresas vinculadas con la familia Moyano y otras prestadoras de servicios ligados”, afirmó Marcelo Collomb, presidente del Inaes, en el programa de televisión “La Cornisa”.

Las operaciones bajo la mira del INAES, y que deberá investigar el juez federal de Morón, Néstor Barral, son las realizadas por la mutual con las firmas Dixey y Aconra Construcciones, esta ultima propiedad de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano.

Además, también genera sospechas el alquiler de un inmueble al estudio jurídico de Hugo Moyano (h) y el vínculo con Audifarm Salud, propiedad del empresario Marcos Hendler, que a su vez es el principal proveedor de la obra social de Camioneros.

La mutual es presidida por Pablo Moyano, cuenta con unos 15 mil asociados y, según Collomb, de la auditoría realizada por el INAES se desprende que fue utilizada “para lavar dinero por medio de empresas con facturaciones dudosas y ficticias”.

Otra maniobra dudosa es la inyección de fondos que recibió de parte de la empresa OCA, a través de un acuerdo por el cual la mutual percibiría una contribución de 2,2 millones de pesos.

La firma postal propiedad de Patricio Farcuh se encontraba sospechada de pertenecer, en realidad, a la familia del líder del gremio de Camioneros, y se encontraba en medio de una difícil situación financiera que terminó con la empresa concursada e intervenida.

Según datos recabados por el organismo estatal, OCA giró esos fondos mediante dos cheques. Sin embargo, la mutual declaró haber recibido dos aportes financieros por menos de 100.000 pesos.

Si la Justicia logra corroborar que la donación fue ficticia, en el INAES sostienen que se estaría ante una evidente maniobra de lavado de dinero y de desvío de fondos no documentados desde aquella compañía.

En sus balances de 2017, la mutual acusó ingresos por 300 millones de pesos, pero el informe del organismo de control sostiene que más de la mitad de esos fondos pertenecen a contribuciones y donaciones de empresas y no a los aportes de sus afiliados.