Lo anunciaron el ministro del Interior y el director de Migraciones. Deberán acreditar que no han tenido antecedentes penales en la última década.

Desde el próximo miércoles 7, los extranjeros que inicien su trámite de radicación en el país deberán acreditar que no han tenido antecedentes penales en la última década.

Así lo informaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García, en una rueda de prensa en la Casa Rosada en la que se afirmó que la medida se alinea con la decisión de “cerrar las puertas al crimen organizado y a delincuentes de cualquier lugar del mundo”.

El objetivo del Gobierno es contrarrestar los últimos casos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y morigerar lo que califican de “descontrol migratorio”, del que responsabilizan al gobierno anterior.

“La idea va en el mismo sentido del entrecruzamiento de datos con Interpol, el control de los pasajeros que llegan mediante las líneas aéreas y la deportación de los extranjeros que delinquen. Queremos reciprocidad con el resto del mundo”, afirmaron a La Nación fuentes de Migraciones luego del anuncio oficial.

En un acto llevado a cabo en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, Frigerio afirmó que “la Argentina se hizo grande a partir de la inmigración”, pero destacó que “casi 700.000 extranjeros se radicaron en los últimos tres años, todo un récord”, un dato que contrapesó con un aumento del “800 por ciento” de expulsiones de extranjeros que delinquen con relación al gobierno kirchnerista.

García explicó que se buscarán “acuerdos de reciprocidad” con otros países, comenzando por los países limítrofes, que concentran el 80 por ciento de los extranjeros que vienen a radicarse al país. “La idea es que nos pongamos en línea con los países cercanos y tengamos una posición en común”, dijo el titular de Migraciones.

Con relación a esos acuerdos, en lo que se refiere a la atención de salud -que motivó una reciente y dura polémica entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales-, Frigerio sostuvo que “la salud y la educación son aranceladas en el país, porque las pagamos todos con nuestros impuestos”, y aclaró que la potestad de cobrar a extranjeros por la atención en hospitales del país “es de las provincias”.

Si bien la disposición no tendrá efecto retroactivo -es decir, para aquellos que obtuvieron su radicación sobre la base de las reglas vigentes, a quienes se les pedía un certificado de buena conducta de los últimos tres años-, García destacó que se revisarán “las radicaciones de aquellos ciudadanos que no hayan dicho la verdad” y ocultado de algún modo un pasado delictivo.

También aclaró que casarse con un argentino o argentina para no ser deportado “está dentro de lo legal, pero ese derecho cede frente a la comisión de un delito”, advirtió el funcionario.

El caso del “motochorro” colombiano Jair Jurado fue clave para acelerar las medidas de control. Luego de siete meses en el país, al que ingresó sin restricción alguna a pesar de tener causas pendientes en el suyo, fue deportado luego de una polémica con la Justicia porteña, que en un principio lo había liberado por “tentativa de robo”.