Las barreras para las personas con discapacidad no se relacionan con sus aptitudes o capacidades sino que son físicas, actitudinales y comunicacionales.

El tema de “inclusión social” representa siempre un gran desafío para los distintos actores sociales, tanto de organismos gubernamentales como del sector privado. Son, en su mayoría, las organizaciones de la sociedad civil las que buscan, desde su labor, visibilizar las necesidades y concientizar sobre los grupos más vulnerados de la sociedad, pero aún cuesta que ciertos temas entren en agenda, como lo es la discapacidad.

En 2016 un grupo de empresas junto a la Universidad Di Tella presentaron un informe que mostraba que sólo el 55% de las empresas relevadas afirmaba promover políticas o programas de inclusión y diversidad.

Allí se detectaba que el foco de la gestión estaba -aún lo sigue estando- puesto en la diversidad de género, siendo este colectivo el más alcanzado en las políticas formales, mientras otros colectivos como las minorías étnicas, sexuales, adultos mayores y personas con discapacidad no eran ni son alcanzados por los programas de empoderamiento de las empresas. Toda una cuestión a tener en cuenta si reparamos en que las personas con discapacidad integran el colectivo más grande luego del de género.

Según el último censo realizado en 2010, en nuestro país hay más de cinco millones de personas con discapacidad, de las cuales el 75% no logra insertarse en el mundo del trabajo y de las cuales el 44% son “jefes de familia”. Además, la desocupación afecta a una mayor proporción de mujeres (11%) que de varones (6,9%).

Ahora bien, si uno observa las barreras que se les presentan la mayoría de las veces a las personas con discapacidad, no se encuentran relacionadas en absoluto con sus aptitudes o capacidades sino que son barreras físicas, actitudinales y comunicacionales, que surgen, principalmente, del desconocimiento que la sociedad tiene acerca de las personas con discapacidad.

Más allá de las limitaciones arquitectónicas y edilicias que se puedan presentar en un lugar de trabajo, o las adaptaciones necesarias para un puesto específico para una persona con alguna discapacidad (que no necesariamente requieren grandes inversiones sino que la mayoría de las veces son pequeñas modificaciones como un foco de luz o una rampa), la mayor limitación a la hora de contratar a una persona con discapacidad, tanto en el ámbito público como privado, son los prejuicios.

Haga el lector una prueba y pregúntese en su puesto de trabajo qué es lo que una persona con discapacidad no puede hacer. Mandar mails, tranquilamente. Escribir un informe, seguramente. Hablar por teléfono, probablemente pueda. Las habilidades que una persona con discapacidad pueda desarrollar se encuentran ligadas a su formación profesional, como cualquier persona. Y evidentemente se deberá evaluar el tipo de discapacidad idónea para el puesto requerido.

Los prejuicios no parten de la mala voluntad sino que son juicios personales que se dan por sentados debido a la falta de información sobre el tema. Y la mejor forma de desterrarlos es el conocimiento, la comunicación, la concientización y la sensibilización.

Para llevar a cabo semejante tarea es necesario un trabajo en red con organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, empresas privadas y profesionales especializados que faciliten el proceso de selección, incorporación y adaptación de la persona con discapacidad al espacio laboral, así como la adaptación de la estructura laboral.

A su vez, es importante que los compañeros, mandos intermedios y superiores estén informados y preparados para interactuar con una persona con discapacidad sin prejuicios ni limitaciones.

En definitiva, hace falta mucho trabajo en el orden social -y esencialmente educativo- para permitir y aumentar las oportunidades y posibilidades de inserción laboral de este colectivo.

Por eso es importante la existencia y actividad de organizaciones como T.R.A.M.A (Trabajo en Red de Asesoramiento para mejorar la Accesibilidad), que acompañan la gestión de la diversidad y las políticas de inclusión en las distintas instituciones comprometidas con la transformación social.

Pues visibilizar situaciones de discriminación y concientizar sobre una cultura libre de prejuicios tendrá un efecto altamente positivo sobre toda la comunidad, lo que a su vez garantiza un verdadero compromiso con el bienestar del entorno.

* Licenciadas en Comunicación. Consultora TRAMA