La jueza Sarmiento solo avaló una indemnización menor por el ocultamiento del cuerpo del jefe guerrillero, asesinado en Campo de Mayo.

La jueza en lo Contencioso Administrativo federal María José Sarmiento rechazó la pretensión de las hijas del líder y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, de recibir una indemnización de 10 millones de pesos para cada una por el secuestro, la tortura y el homicidio de su padre.

En el mismo fallo, el Estado fue condenado a indemnizar con 750.000 pesos más intereses a las tres hijas del jefe guerrillero por “daño moral” debido a que el Ejército nunca les entregó el cuerpo.

La magistrada distinguió el secuestro y muerte de Santucho de la no entrega de su cuerpo, y dijo que la oportunidad para demandar al Estado por los daños materiales, psicológicos y morales que le produjeron el secuestro, las torturas y la muerte de Santucho prescribió hace años.

También indicó que las hijas de Santucho estaban habilitadas para iniciar este reclamo con el advenimiento de la democracia.

Así las cosas, dispuso que el Estado les pague a Ana Cristina Santucho, Marcela Eva Santucho y Gabriela Inés Santucho la suma de 250.000 pesos a cada una, más los intereses, pero deberán hacerse cargo de las costas del juicio en un 60 por ciento. El restante 40 corresponderá al Estado.

A finales de los sesenta, Santucho fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y luego su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Puerblo (ERP).

Esta organización cometió diversos crímenes en los setenta, como secuestros, ajusticiamientos y copamientos de unidades militares y policiales, entre ellos el intento de copamiento del cuartel del Ejército en Azul, en enero de 1974, durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón.

El 19 de junio de 1976, un grupo de tareas integrado por militares y policías, sorprendió a Santucho en un departamento de Villa Martelli, en Florida, donde debía celebrar una reunión secreta con la cúpula de Montoneros.

El grupo de tareas era comandado por el capitán Juan Carlos Leonetti, quien disponía de la información de inteligencia y perseguía a Santucho desde hacía varios meses.

En el departamento se encontraban Santucho con su mujer, Liliana Delfino; Benito Urteaga y su hijo de tres años; y Domingo Menna y su esposa, Ana Lanzilotto de Menna, embarazada de seis meses.

Los militares y policías mataron en el lugar a Urteaga, hirieron a Santucho y detuvieron a los demás.

Santucho fue llevado a Campo de Mayo -cuya jefatura ejercía el entonces general Santiago Omar Riveros-, donde funcionaba un campo clandestino de detención, donde lo torturaron y finalmente murió en el Hospital Militar de la guarnición.

La jueza Sarmiento sostuvo que las hijas de Santucho debieron haber reclamado una reparación civil en concepto de daños materiales, psicológicos y morales por el secuestro, tortura y posterior homicidio de su padre.

Esto pudo ser posible “a partir del momento en que el derecho pudo ser ejercitado, de modo que, teniendo en cuenta que la democracia quedó instaurada en el año 1983 y que luego se declaró la ausencia con presunción de fallecimiento” el 9 de septiembre de 1996, “hasta la fecha de interposición de la presente demanda ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción”.

Por eso, entendió que ya perdieron la oportunidad de reclamar la indemnización.

Dijo la jueza que no se trata de un delito continuo, porque de hecho no es una desaparición forzada, sino que se informó de la muerte y la Justicia estableció un momento específico del deceso, pero quedó claro que las hijas nunca pudieron disponer del cadáver de su padre.

El fallecido ex dictador Jorge Rafael Videla declaró ante la Justicia que él mismo “decidió como comandante de las fuerzas que era conveniente que no se conociera el lugar de destino de los restos del señor Santucho en función de la expectativa que podía generar que se conociera el lugar de depósito de los restos”. Y dijo que Riveros fue quien tomó la decisión.

Por este delito la magistrada entendió que las hijas de Santucho debían ser indemnizadas.