Los Juegos Olímpicos estaban pensados, como otros, para reflejar el poderío en ascenso del país. Lo mismo que el fallido Mundial de fútbol de 2014. Pero una sensación de revanchismo social impera en el país mientras se sustancia el \”impeachment\” contra la presidenta Dilma Rousseff y la clase política se derrumba en medio de denuncias de corrupción.
Los Juegos Olímpicos Río 2016 estaban pensados como el segundo paso de una estrategia de marketing a largo plazo, luego de la Copa del Mundo de fútbol de 2014, para posicionar a Brasil como la potencia emergente del presente siglo.
Pero el Mundial y los primeros JJOO en tierras sudamericanas se dieron -y se dan- en el peor contexto político y económico de Brasil en su historia reciente. Claro, cuando los estrategas del primer gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) imaginaron esas dos formidables escenografías globales, con transmisión de TV en vivo a todo el mundo durante las 24 horas, la “locomotora” brasileña comenzaba su raid presumiblemente indetenible, ese que la llevó a romper récords de crecimiento y de ascenso social en la primera década de este siglo.
Lula gobernó dos períodos y su gestión aún es valorada por un tercio de los brasileños, pero muchos de los se beneficiaron con sus medidas sociales comenzaron a querer más, y Dilma Rousseff, la tecnócrata que lo sucedió para cuidarle las espaldas y “emprolijar” la Administración populista de la séptima potencia industrial de Occidente, fue quien comenzó a padecerlo.
El año pasado, Dilma fue reelecta en una victoria “pírrica” sobre el empresario Aécio Neves, pero tantos años de políticas sociales y de aumento en el ingreso total de las clases bajas ya habían socavado el apoyo que los gobiernos del Partido de los Trabajadores habían conseguido en parte de la élite brasileña, profundamente reaccionaria al mínimo cambio de estructuras.
El juez federal de Curitiba, Sergio Moro, principal adalid de la “antipolítica”, es precisamente un producto inesperado de ese estado de cosas: asociado por algunas investigaciones periodísticas con el “Tea Party” estadounidense, Moro ha puesto contra la pared a la cúpula del PT y a la de su ex aliado, el PMDB del ahora presidente interino Michel Temer, y con esto a toda la clase política tradicional, considerada por él y por los sectores más concentrados del capital como la razón de todos los males que vive Brasil, el último de ellos el populismo. Estos sectores siguen creyendo en los recurrentes ajustes de la economía basados en apretarle el cinturón a las mayorías y en mantener bajo control el mercado interno en pocas manos (locales).
La expansión internacional del comercio brasileño y elcrecimiento exponencial del mercado interno han dejado a esos sectores frente a un abismo, mientras en efecto del otro lado la dirigencia política y sindical se hacía su agosto, según lo demuestran las propias investigaciones judiciales, que todos los días se cargan a un nuevo dirigente del PT o del PMDB por el “Lava Jato”, el proceso que lleva adelante Moro.
Si toda la clase gobernante corrupta terminara presa, ¿sería una buena noticia para Brasil? Si se tratara de barrer con todo y empezar de nuevo, ese podría ser el camino, pero entretanto el país se debate en una durísima recesión producto, entre otras cosas, de los casos judiciales que tienen a gran parte de la contraparte empresaria presa o bajo sospecha, lo que provocó que Brasil perdiera su condición de “investment grade” con el consecuente encarecimiento del crédito internacional. Lo que se conoce como una “tormenta perfecta”.
¿Si se conocen casos de corrupción, habría que haberlos tapado para no afectar a la economía? La pregunta es difícil de responder, pero son varios los juristas que advirtieron sobre que el “Lava Jato” se había salido de su cauce. La legislación brasileña tiene la figura de la “delación premiada”, un instituto legal que permite que un juez utilice el testimonio de alguien implicado en una causa para involucrar a un tercero. El testigo original puede arrepentirse del delito que cometió, lo que puede significarle el beneficio de cumplir la condena en su casa, con el fin de ampliar el horizonte del expediente y avanzar hasta los autores presuntamente principales.
Esto ocurrió con las principales constructoras del país, implicadas en el esquema de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, y que el juez Moro investiga desde 2014. En ese caso, un alto directivo de la segunda constructora del país, Camargo Correa, involucró al presidente -y principal accionista- de la primera, Marcelo Odebrecht, como líder del cartel de la obra pública, con la cual se financiaban los principales partidos políticos. De este modo, ese directivo se fue a su mansión con una tobillera electrónica a cumplir una pena menor y Odebrecht sigue hoy preso, negociando a su vez información que “lleve más arriba” para recuperar su libertad.
Este sistema perverso, basado en el concepto de la ley del arrepentido de Estados Unidos, que en Alemania está siendo descartada, habla mucho de Brasil, un país heredero de una burocracia elitista e ilustrada como la portuguesa, pero alejada absolutamente de las necesidades populares.
Quince años de gobiernos “de izquierda” (en rigor, apenas populistas) desataron una furia casi racista en las élites, comparable pero superior a la que en su época desató el primer peronismo en Argentina y, más recientemente, el chavismo en Venezuela y el kirchnerismo. Basta leer las convocatorias a las marchas en contra de Rousseff y las declaraciones de muchos de sus detractores -la mayoría sospechados de cometer delitos de corrupción y no, como la mandataria suspendida, “de responsabilidad”, es decir, de gestión por “maquillar” las cuentas públicas, para darse cuenta de que en la “sopa” política detrás del “impeachment” se cuecen muchas otras cosas, incluso algunas vinculadas con el revanchismo social.
La inauguración de los JJOO televisada a todo el planeta apenas le dio cinco segundos al interino Temer, que está a poco de convertirse en presidente en ejercicio si el Senado completa el proceso de destitución de Rousseff. Tampoco mostró las decenas de carteles que siguen pidiendo que se vaya. En la última semana, Temer fue acusado de ordenar a una constructora que le entregaran varios millones de dólares para la campaña de 2014, lo mismo que su canciller, José Serra.
Mientras se derrumba sobre sus bases la “vieja política” y nada indica que esté por nacer nada nuevo. El peor de los mundos.
Mucho se ha escrito sobre las desigualdades sociales en Brasil. La “implosión” política y económica de uno de los países aún más inequitativos del continente se da en simultáneo con unos Juegos marcados por grandes paradojas, las mismas que explican pero también complican la comprensión del gigante sudamericano.