El magistrado investigará si la unidad con asiento en Campo de Mayo realiza tareas de Inteligencia interna consideradas ilegales en manifestaciones, asambleas entre sindicalistas y militantes de derechos humanos.

El juez federal Norberto Oyarbide deberá investigar si una unidad de Gendarmería con asiento en Campo de Mayo realiza tareas de Inteligencia interna consideradas ilegales en manifestaciones, asambleas entre sindicalistas y militantes de derechos humanos.

La denuncia fue presentada hoy (martes 22) por Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; organismos de derechos humanos, las nietas recuperadas María Victoria Moyano Artigas y Alejandrina Barry, entre otros.

\”Se trata de una grave violación a los derechos humanos y cuyo resultado nos interesa particularmente ya que involucra directamente nuestra práctica y los derechos de reunión, de manifestacion y de asociación\”, consideró la denuncia.

Según la acusación desde un llamado Centro de Reunión de Informacion de Gendarmería en el tristemente célebre Batallón 601 se confeccionarían informes sobre asistentes a marchas, participantes de cortes de ruta, asambleas con datos sobre su filiación política y su grado de conflictividad entre otros punto.s

\”La información obtenida en forma clandestina e ilegal se almacena y analiza en centros de reunión de información, pertenecientes a Gendarmería Nacional\”, precisaron.

Luego \”se va blanqueando mediante su presentación en diversos expedientes judiciales\” como en los que está procesado un delegado de Kraft, Javier Hermosilla, un delegado embargado en total por unos 200 mil pesos y con un sueldo de unos 4 mil.

Además de otros casos, como el de un manifestante fotografiado cuando cortaba una ruta a quien después se le imputaron otros cortes, en fechas en las que ya había fallecido.

\”Hay una utilización sistemática de esa información viciada en expedientes judiciales\”, se advirtió sobre datos obtenidos por ejemplo por \”personal civil perteneciente a Gendarmería en diversas manifestaciones\”.

Los denunciantes pidieron a Oyarbide que investigue si existe una orden superior para estas tareas y que individualice a los jefes de la fuerza que las ordenan.