El relevamiento difundido por el gobierno irá completándose en los próximos meses con las auditorías iniciadas en ministerios y otras reparticiones públicas. El CCK, ENARSA y la CNEA, algunos casos.

El Gobierno dio a conocer hoy el informe titulado “El estado sobre el Estado”, un relevamiento sobre la situación encontrada en la Administración Pública Nacional el pasado 10 de diciembre de parte de la gestión de Cristina Kirchner.

El informe, que se irá actualizando en los próximos meses, tiene como  objetivo central el de “identificar los desafíos pendientes” a partir de los datos oficiales recolectados por la nueva Administración, según el propio gobierno.

El informe de 223 páginas cumple, según un comunicado, con la publicación de “todos los datos, área por área” sobre el estado de la Administración Pública Nacional a diciembre de 2015 con un saldo global que da cuenta de numerosas irregularidades ya expresadas en diferentes momentos, pero con detalles y precisiones. 

“Este informe es la primera versión de ese compromiso. Se trata de una obra en marcha, todavía incompleta, que se irá enriqueciendo a lo largo del año con los informes de las auditorías, las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y los nuevos documentos que sigan encontrando los ministerios y los organismos descentralizados”, se anticipa en el texto.

Se subraya, en tanto, que “la intención de este informe no es condenar a un gobierno en particular sino hacer un diagnóstico del Estado Nacional en diciembre de 2015 e identificar los desafíos pendientes, que a veces coinciden con errores o excesos de la administración inmediatamente anterior”.

De la observación del contenido surge, por ejemplo, que en la última década los argentinos pagaron 694.000 millones de dólares en impuestos, pero en diciembre de 2015 el nuevo Gobierno encontró enormes deudas con proveedores y contratistas, obras frenadas por falta de pago, el 40% de las rutas en estado crítico, subsidios direccionados, miles  de contratados que cobraban sin cumplir tareas y desvíos irregulares de fondos.

Entre otros casos se detalla que los organismos de auditoría descubrieron contrataciones y pagos para la construcción de viviendas que nunca se realizaron y por otras que sí se construyeron pero en zonas sin servicios básicos, por lo que no eran habitables.

El capítulo dedicado al Pami gira en torno a la situación financiera, la falta de controles y las distintas irregularidades que la justicia federal está investigando actualmente: sobreprecios, desvío de fondos y el estado de abandono de las oficinas del organismo en todo el país.

En en trabajo se acusa a las autoridades anteriores por el desvío de fondos del organismo a través de distintas maniobras como la emisión de recetas a nombre de afiliados fallecidos: “El padrón tenía 400 mil personas fallecidas por las que se pagaban servicios de salud. A nombre de 7 mil de ellas se compraban remedios que luego se vendían en el mercado negro”, consigna “El estado…”.

Sobre la situación financiera resalta que en diciembre de 2015, “el Pami acumulaba una deuda de 5.500 millones de pesos y perdía unos 250 millones por mes”, y que “una de las principales irregularidades correspondía al manejo de medicamentos, que le costaban al PAMI el equivalente a la construcción de un hospital por año”.

En ENARSA, la empresa pública fundada en 2004 y dedicada a la generación y comercialización de energía, se encontró “una llamativa serie de irregularidades” en su funcionamiento debido a la “descoordinación a nivel directivo” con el ministerio de Economía y por los elevados costos en sus proyectos, por encima de los valores de mercado.

También se hace foco en la falta de controles en una empresa que “manejaba miles de millones de dólares” y en el acuerdo por la importación de gas con Bolivia, con quien el país mantenía una deuda por 377 millones de dólares a diciembre pasado.

Entre las irregularidades se advierte que la construcción del Gasoducto del Noreste “se planificó sin ningún estudio de factibilidad que evaluara los beneficios del proyecto”. Además, “los costos aprobados para su construcción estaban fuera de los valores de mercado”, subraya.

En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también se encontraron problemas como el “notable atraso” en los pagos del ejercicio 2015, que representaba el 40 por ciento del presupuesto del organismo y generó “problemas financieros graves para varias instituciones que dependen de la Comisión, como el INVAP, que estaba atrasado en el pago de salarios y aguinaldos”.

El caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, según se señala, es “un ejemplo paradigmático de mala administración” de la última década: “La mina debió estar lista en 2010 para producir dos millones de toneladas de carbón por año. En 2015, sin embargo, sólo produjo 48 mil toneladas”.

Respecto de Fabricaciones Militares, el informe señala que en diciembre de 2015, “aunque sólo poseía cinco fábricas, tenía en su sede central 600 empleados” y que “sólo en el área de Prensa y Comunicación había 50 personas”.

“El estado del Estado”, en el apartado sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, explica que “históricamente la Cancillería había estado protegida de la política y la militancia gracias a las reglas propias del servicio exterior, donde los diplomáticos podían ocupar cargos sin tener que ser militantes políticos del oficialismo de turno”.

Según el gobierno, “había un equilibrio entre funcionarios de carrera y funcionarios políticos” pero en los últimos años, “a medida que proliferaron los cargos políticos por la administración del ministerio, esa protección se vio vulnerada por el avance de la militancia por sobre los funcionarios de carrera”.

Sobre los medios públicos añade que existía en el Estado Nacional “una suma de diferentes estructuras, empresas del Estado, programas, planes, centros, unidades ejecutoras y proyectos específicos, dependientes de distintos ministerios, con fuentes presupuestarias y marcos legales diferentes, que se había convertido en una maquinaria mediática y cultural al servicio de la propaganda política”.

La Jefatura de Gabinete gastó el año pasado más de 2.200 millones de pesos en publicidad oficial, “más del doble de lo aprobado por el Congreso”, acota.

En lo que respecta al Centro Cultural Kirchner (CCK) se afirma que “abrió sus puertas en mayo de 2015 de forma prematura ya que el edificio no había sido habilitado”. La sede estaba entonces “en situación ‘de obra’, con entrega parcial, con un funcionamiento excepcional y condicionado en materia de seguridad”.