El Gobierno había pedido que quedara sin efecto el bloqueo a la cancelación de deuda de los bonistas reestructurados en 2005 y 2010.

El juez de Nueva York Thomas Griesa levantó hoy bajo condiciones sus medidas cautelares contra la Argentina en el litigio por bonos en default desde 2001, dos días después de un acuerdo del país para pagar a los fondos especulativos más duros.

“Las circunstancias han cambiado tan significativamente como para volver las órdenes injustas y en detrimento del interés público”, indicó el juez, poniendo como condiciones que el país derogue las leyes que impiden un acuerdo con los fondos y que pague a los acreedores que hayan aceptado su oferta hasta el 29 de febrero.

Griesa tomó su decisión tras una audiencia el martes en los tribunales de Manhattan en que escuchó la opinión de todas las partes sobre la moción presentada por Argentina con el objetivo de facilitar que el país avance en su oferta dirigida a poner fin al multimillonario juicio.

Tanto los fondos NML Capital y Aurelius, que llegaron el lunes a un preacuerdo con Argentina para cobrar 4.653 millones de dólares, como otros querellantes que aún no alcanzaron un compromiso, habían pedido al juez que otorgase un plazo adicional de 30 días para que continuasen las negociaciones, lo que les fue denegado.

La orden de Griesa, que también exige a Argentina notificar sus pagos, no entrará en vigencia hasta dentro de dos semanas, según una resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York para permitir que aquellos querellantes que quieran apelar puedan hacerlo en plazo.

Argentina había solicitado a Griesa que levantase las órdenes de ‘pari passu’, o tratamiento equitativo a favor de esos fondos, de modo de permitir el retorno del país a los mercados financieros y el pago de sus bonos reestructurados en los canjes efectuados en 2005 y 2010.

En total, y teniendo en cuenta preacuerdos anteriores con otros acreedores que rechazaron esos canjes, el gobierno de Mauricio Macri cerró desde inicios de febrero compromisos por el 85% de las demandas y pagará en efectivo una suma de 6.500 millones de dólares, con una quita de 25% sobre 9.000 millones de reclamos judiciales.