Reclaman que la Corte atienda situación de justicia mendocina

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El Consejo de la Magistratura pidió a la Cortes Suprema que analice en audiencia pública la “gravedad institucional” de la justicia mendocina.

En el Consejo de la Magistratura nacional ya lo bautizaron el “caso Mendoza”, con entidad propia, y hoy hubo un nuevo capítulo. El plenario del organismo requirió a la Corte Suprema de Justicia que llame de urgencia a una “audiencia pública” para analizar el cuadro de “gravedad institucional” que atraviesan los tribunales de esa provincia, tras escuchar en persona al Procurador General de la Nación, Esteban Righi.

En concreto el alerta se activó por la situación del camarista Otilio Roque Romano, denunciado por supuesta complicidad con delitos de lesa humanidad en la última dictadura y quien esta semana en un escrito presentado por su defensa dijo que en esa época “no sabía nada” de lo que pasaba en el país.

Romano fue uno de los jueces de esa provincia que firmó un fallo a favor de suspender la aplicación de la Ley de Medios, revocado luego por la Corte Suprema.

El jefe de los fiscales de todo el país dijo ante el Consejo que está preocupado opr la paralización en Mendoza de las causas por delitos de lesa humanidad y en particular por la situación del camarista cuestionado, y por las trabas para que los fiscales avancen en las pesquisas.

Por otra parte se advirtió por la paralización de la investigación contra Romano, con pedido de jury por lo ocurrido durante la dictadura.

Precisamente, en un escrito el camarista adujo haber “ignorado” lo que pasaba en esos años pero aseguró que de haberlo sabido “nada podía hacer”.

El juez se autodefinió como “víctima de una persecución política” de los organismos de derechos humanos, en el escrito presentado como un intento para frenar la citación de Righi al Consejo, finalmente concretada hoy.

“Resulta insólito desde el punto de vista fáctico, ya que ni la presión internacional podía parar el accionar de una dictadura cuyos planes eran secretos”, agregó el inusual escrito, que añade que tanto el juez “como el resto de la sociedad no sólo los ignoraba, sino que jurídicamente nada podía hacer porque dichas fuerzas se encontraban bajo la jurisdicción militar”.

En respuesta, el abogado de Otilio Roque Romano dijo que “la actitud del Consejo de la Magistratura —que tiene poder disciplinario sobre los jueces— de recibir a una de las partes, constituye una coacción sobre los futuros magistrados que eventualmente deban intervenir, y será objeto de protesta ante los organismos internacionales ya que la existencia de jueces imparciales e independientes está garantizada por las Convenciones Internacionales”, dice la presentación a la que accedió Gaceta Mercantil.

Otro camarista mendocino y colega de Romano, Luis Miret, fue ya suspendido y enviado a jury de enjuiciamiento acusado de haber avalado torturas en la última dictadura.

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