El magistrado le levantó la restricción de salir del país. Chile evalúa denunciar internacionalmente el asilo político del ex líder guerrillero, quien es requerido por la justicia trasandina por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro del empresario Cristián Edwards.
El juez federal Claudio Bonadio dio por cerrado hoy el trámite de extradición del ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra tras la resolución de la Conare que le otorgó el estatus de refugiado político.
Bonadío le levantó todas las restricciones que le había impuesto la Justicia, como la de salir del país y la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado.
La medida judicial da por tierra con la extradición recomendada por la Corte Suprema de Justicia y reclamada por la justicia chilena.
Apablaza es requerido en su país para responder por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán, en 1991, y el secuestro de Cristián Edwards, directivo del diario “El Mercurio”.
Paralelamente, el presidente de la derechista UDI (en el Gobierno en Chile), Juan Antonio Coloma, presentó ayer, lunes, en Ginebra un reclamo contra la Argentina ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y se reunió con el titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el ruso Alexander Aleinikoff.
Según Coloma, ante ambas entidades con sede en Ginebra expuso lo que considera “una falta de voluntad del gobierno argentino para resolver el asesinato de un parlamentario chileno” a raíz de la decisión de la Conare argentina de dar asilo político al ex guerrillero Sergio Gaslvarino Apablaza Guerra.
Por su parte, el senador del mismo partido Andrés Chadwick anunció que esta semana se presentará ante la Corte Interamericana de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA un recurso denunciando que la decisión vulnera tratados internacionales sobre refugio y derechos humanos.
Chadwick añadió que el contenido del informe de la Conare argentina, conocido ayer, demuestra que el fallo es una “tomadura de pelo” para Chile.
“(Sergio) Apablaza tiene temor de comparecer ante los tribunales chilenos, pero no tiene temor de mandar a asesinar a alguien”, afirmó el legislador. Su postura fue respaldada por el presidente del Senado, el democristiano Jorge Pizarro. “Un informe de ese tipo no se puede basar en lo que diga la persona acusada (…) Si él cree en su inocencia debería venir y demostrarlo”, sentenció el senador.
El vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, tomó distancia de la decisión del gobierno trasandino de dar refugio a Apablaza, y pidió cuidar las relaciones con Chile.
“Espero que esto se resuelva con la racionalidad que necesita el caso”, señaló Cobos, quien está distanciado de la Casa Rosada y es una de las principales cartas de la oposición para las elecciones presidenciales de 2011. “Ambos países quieren tener la mejor relación, nos necesitamos uno con otro”, subrayó.
Además, agregó que la presidenta de la Cámara Baja de Chile, Alejandra Sepúlveda, le hizo llegar un pedido para que el caso de Apablaza sea considerado en el Congreso argentino.
La postura de Cobos -quien además es presidente del Senado- se situó en línea con la postura de la oposición argentina de manifestar su rechazo a la resolución. Esto porque, además de no compartir el fallo, existen dudas sobre las vinculaciones que Apablaza podría tener con la Casa Rosada, ya que su esposa, Paula Chaín, trabaja allí hace años en el Área de Prensa.
De hecho, el senador Ernesto Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical -el principal partido de oposición al Gobierno-, confirmó ayer a “El Mercurio” que está coordinando con otras fuerzas un pedido de explicación formal y pública al gobierno de Cristina Kirchner.
“Estamos estudiando la medida porque pretendemos que se explique claramente la determinación. Creemos que no hay razones ni jurídicas ni políticas para impedir la extradición del señor Apablaza”, aseguró Sanz.
El diario “El Mercurio”, del cual Edwards era accionista y directivo, reveló ayer el contenido de dos minutas que habrían acompañado la resolución de la Conare y en las que se desliza que ese comité habría sido forzado a favorecer a Apablaza por funcionarios del Gobierno argentino.