Juez Kreplak procesó a exfuncionarios de Vidal en la “causa Gestapo”

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Son los que participaron en la reunión del Banco Provincia para coordinar acciones judiciales contra sindicalistas. El magistrado quiere profundizar la investigación hacia arriba.

El juez federal platense Ernesto Kreplak procesó este jueves a exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal que participaron de la reunión en el Banco Provincia, en 2017, para coordinar acciones judiciales contra el sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina. 

Se trata de la denominada “causa Gestapo” a raíz de las afirmaciones del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas.

Kreplak dictó el procesamiento de Villegas pero también el del intendente platense Julio Garro, del exsecretario de Justicia Adrián Grassi, del senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y de los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra. 

A todos les aplicó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes al acusarlos de realizar tareas de inteligencia prohibidas, delito previsto en el artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia, y de prevaricato. 

“El desconocimiento que algunos de ellos alegaron respecto de la identidad y funciones de los integrantes de la AFI presentes en la reunión del 15/6/17 en el Banco Provincia, resulta un mero argumento defensista que ha sido rebatido en todos estos casos”, sostuvo el juez en una resolución de más de 250 carillas a la que tuvo acceso Infobae.

Sobre las tareas de inteligencia sobre Medina, habló de “investigaciones de campo y el acceso a distintas bases de datos por parte de agentes de la AFI que sirvieron para la elaboración de informes”.

El delito de prevaricato apunta a la decisión judicial de mantener la causa contra el “Pata” Medina en el juzgado federal de Quilmes, lo que “se fundó en datos falsos” que se habían incluido “deliberadamente en la denuncia inicial por quienes tuvieron intervención en la estrategia de judicialización con el claro objeto de forzar la competencia para que entendiera dicho Juzgado”.

En cambio, Kreplak le dictó la falta de mérito al exministro de Infraestructura provincial Roberto Gigante y a los empresarios de la construcción que participaron de aquel encuentro Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

En la resolución, el juez, de fluido contacto con dirigentes kirchneristas, consideró que la investigación debe avanzar sobre autoridades políticas nacionales y provinciales del gobierno macrista, y de la AFI.

“Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”, afirma en su fallo.

El expediente se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que aportó un video grabado el 15 de junio de 2017. “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, lanzó ese día Villegas. 

También les dijo a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina.

Durante la investigación, Kreplak pidió la agenda laboral de Villegas y allí constan otras reuniones en 2017 que el entonces ministro mantuvo con los mismos protagonistas que los del encuentro en el Bapro de Capital.

También las llamadas entrantes y salientes de todos los que estuvieron en la reunión, incluso las de Vidal, y de allí surgen comunicaciones de Villegas y De Stéfano con el juez Luis Armella, a cargo de la causa principal contra el sindicalista de la UOCRA platense.

Todos los imputados pasaron por la indagatoria: presentaron escritos en los que rechazaron la imputación y se negaron a contestar preguntas. Para el juez, esa estrategia de defensa no tuvo éxito. “Distintos funcionarios imputados han señalado que su intervención en los sucesos investigados se limitó a recibir a “víctimas de delitos”, contenerlas y canalizar institucionalmente sus demandas. Este argumento en apariencia incuestionable omite, sin embargo, considerar el estricto límite constitucional que pesaba sobre sus facultades y funciones, específicamente en cuanto se vincula con el trámite de actuaciones judiciales”, indicó Kreplak.

El abogado de Medina, César Albarracín, le pidió en su momento al juez que cite a indagatoria a Mauricio Macri y a Vidal, quien solo aparece mencionada en el fallo en tres ocasiones.

El miércoles el juez había rechazado un pedido de varias defensas para que la cause pase a los tribunales de Comodoro Py teniendo en cuenta que la reunión fue en la Ciudad de Buenos Aires. “Se advierte sin dificultad que la totalidad de las conductas relevantes a los fines indicados precedentemente tuvieron lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y casi todas, en el ámbito de la jurisdicción de este tribunal, específicamente en los municipios de La Plata y Ensenada. Lo único que no ocurrió en este ámbito jurisdiccional, según se indicará, precisamente no ocurrió como consecuencia del presunto obrar ilícito que aquí se investiga”, argumentó  Kreplak.

El magistrado también avaló el video como medida de prueba y, entre otras, analizó la indagatoria de Dalmau Pereyra, quien dijo que fue a la reunión por pedido de sus exjefes durante el gobierno de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes le ordenaron que grabara ilegalmente el encuentro.

“Esto es, que el registro audiovisual de la reunión fue llevado a cabo por agentes de la AFI, que la orden de proceder en ese sentido partió de las máximas autoridades de ese organismo al momento de los hechos y, adicionalmente, que no existiría orden ni autorización judicial para hacerlo”, explicó el juez.

Fuentes: Infobae y agencias

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