Sostuvo que se trató de una “actuación política no leal” contra su país que causó “muerte, luto y una persecución terrible” a los dirigentes de aquel gobierno.

El Procurador General de Bolivia, Wilfredo Chávez Serrano, afirmó que la justicia de ese país está investigando la “participación de gobiernos extranjeros” en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.

En una entrevista concedida a “El Destape Radio” y recogida por la agencia oficial Télam, Chávez Serrano se refirió particularmente a la administración de Mauricio Macri (2015-2019), señalada por el envío ilegal de armas durante las violentas revueltas que precedieron a la salida del exmandatario del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Han surgido informaciones de la colaboración que ha existido hacia el gobierno de facto de parte de algunos gobiernos vecinos, y la participación del gobierno de Mauricio Macri”, aseguró el funcionario boliviano. 

Para el jefe de los fiscales, se trató de una “actuación política no leal” contra su país que causó “muerte, luto y una persecución terrible a los dirigentes del gobierno” de Morales.

En julio del año pasado, el Ejecutivo argentino que preside Alberto Fernández denunció penalmente a Macri y a varios de sus funcionarios por el “envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas” que derrocaron a Morales a finales de 2019.

El escándalo diplomático se dio a conocer cuando, a través de su cuenta de Twitter, el canciller boliviano Rogelio Mayta hizo pública una carta en la que el comandante de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, le agradecía al embajador argentino de entonces, Normando Álvarez García, “la colaboración prestada” en el marco del respaldo internacional “debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”. Según detalló, el envío incluía “40.000 cartuchos, gases lacrimógenos y granadas”.

Sobre este caso de presunto contrabando, el procurador boliviano señaló que “no es material de guerra pero sí es material de represión, que se ha usado en los días más duros aquí en Bolivia, en la ciudad de El Alto, en Cochabamba, para disuadir y han sobrevenido masacres, como consta en el informe del grupo interdisciplinario de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

En ese sentido añadió que la Justicia de su país está investigando la participación de la Administración Macri, y si bien sostuvo que existe “una negativa” de las autoridades de entonces, indicó que “ante la evidencia es un tema que tiene que investigarse”. 

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que Macri sea citado a declarar, afirmó que la decisión la tomará el Ministerio Público aunque, en su opinión, debería convocarse “a todos los actores” involucrados.