Dan por hecho un acuerdo con el Fondo por la convergencia fiscal hasta 2025

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El “board” del Fondo Monetario Internacional se reúne en Washington para evaluar las condiciones y en la Rosada preparan el anuncio del Presidente para el mediodía. Pagarán el vencimiento.

El gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la convergencia fiscal por el déficit cero en 2025, el único punto en el que había discrepancia, y el presidente Alberto Fernández lo anunciaría este mediodía.

Entretanto, comenzó una reunión del “board” del organismo en Washington en en la que el “staff” técnico informa sobre el avance de las negociaciones, que incluyen el pago de 731 millones de dólares del vencimiento que opera hoy.

Primó finalmente el criterio de avanzar en el acuerdo, posición en el oficialismo que sostenían el primer mandatario y su ministro de Economía, Martín Guzmán, mientras que el kirchnerismo duro insistía en no pagar el vencimiento y seguir negociando mejores condiciones.

El sendero fiscal prevé un un déficit de 2,5% del PBI para 2022, 1,9% para 2023, 0,9% para 2024 y cero en 2025, pero continúan trabajando en acordar otros aspectos.

La agencia Bloomberg aseguró anoche que ya había un principio de acuerdo que incluía el compromiso del gobierno argentino de llegar al equilibrio en las cuentas públicas en tres años, al concluir la actual gestión. 

Desde el Gobierno explicaron, además, que la orden de giro del pago es un trámite que se ejecuta casi de manera automática una vez que el principio de acuerdo con el Fondo haya llegado a buen puerto.

Por eso se esperará hasta que concluya la reunión del directorio en Washington.

“Default o no default”. Frente a las fuertes versiones que circularon en los últimos días acerca de que Argentina caería en “default” con el Fondo, fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que organismo nunca declara oficialmente en esa situación a un socio.

La hoja de ruta del organismo para los casos de países que incumplen sus vencimientos, lo que técnicamente se conoce como “lending into arrears” (préstamos que caen en atrasos), no contempla la declaración de cesasión de pagos.

El castigo más grave previsto en ese camino es la expulsión, cuyo proceso comienza recién al cumplirse dos años del incumplimiento. Otra cosa es el consenso del mercado, donde el solo incumplimiento con el FMI desata consecuencias inmediatas que empiezan por el aumento del riesgo-país y del castigo en términos crediticios, tanto para el sector público como para el privado. En el primer caso, cesan los desembolsos de los préstamos del BID y el Banco Mundial, entre otros, y no se otorgan nuevos préstamos.

Un incumplimiento no debería acarrear un “cross default” para los bonos del canje de 2020 porque estos incluyen una cláusula que dice que cualquier incumplimiento de obligaciones contraídas antes de esa emisión no constituye “evento de default”. Es el caso del préstamo por 44.000 millones de dólares acordado con el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

El primer estadio de la hoja de ruta para los préstamos atrasados comienza con la advertencia del “staff” del Fondo sobre la gravedad del hecho, y a las dos semanas urge el pago. Recién al cumplirse un mes de la falta de cancelación, la directora-gerente le comunica la novedad al directorio y quince días después le exige al país que se ponga al día.

Si el pago no se produce, al cumplirse dos meses el jefe del Fondo se queja ante el directorio. A los tres meses, la falta de pago se publica en la página web y se comunica a todos los socios que el país no tiene acceso a ningún tipo de asistencia del organismo. A los 18 meses se le suspende al incumplidor el derecho a voto.

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