Termina la prohibición de despidos y vuelven las indemnizaciones previas a la pandemia

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El presidente Alberto Fernández tiene a la firma las resoluciones que preparó su ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con aval del gabinete económico.

La prohibición de despidos establecida a raíz de la crisis económica desatada por la pandemia en marzo de 2020 cesará el próximo 1° de enero y el recargo indemnizatorio vigente para las cesantías que se producen se reducirá a partir de ese día de manera gradual hasta desaparecer antes de mitad de año. 

La “hoja de ruta” definida por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el gabinete económico fue convalidada por el presidente Alberto Fernández este jueves con la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

El aumento de las indemnizaciones arrancó con la gestión del Frente de Todos, a finales de 2019, con la duplicación de los montos y se mantuvo en el tiempo como un recargo del pago legal que en la actualidad tiene un tope de 500 mil pesos.

La prohibición de las cesantías, en tanto, fue implantada en marzo de 2020 por las tensiones en el mercado laboral a causa de las restricciones a la actividad económica derivadas de la crisis sanitaria.

Desde entonces el sindicalismo bregó por mantener ambas medidas y las cámaras empresarias, por derogarlas argumentando que representaban un desaliento a la creación de empleo.

El criterio fue expuesto a dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante una charla de la que participaron Moroni junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y sus respectivos equipos.

Moroni respondió a una pregunta al respecto y blanqueó el plan, confirmado luego por funcionarios al diario Ámbito Financiero: la prohibición de despidos terminará a fin de año y al mismo tiempo la penalidad se reducirá en un escalonamiento todavía no resuelto en el lapso de cuatro a seis meses. Una opción es bajarle 20% por mes a los 500 mil pesos del actual recargo indemnizatorio.

El equipo económico se convenció de tomar ambas determinaciones con los últimos números del mercado laboral: en septiembre la medición del segundo trimestre del año marcó un 9,6% de desempleo, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Fernández y por primera vez, de vuelta en un dígito.

En el segundo trimestre de 2020 la desocupación tocó un pico de 13,1 por ciento en el momento de mayor rigor de las restricciones por el coronavirus, y desde entonces la actividad económica mostró mejorías aunque en el caso del mercado laboral lo hicieron en un contexto de sostenibilidad de una mayor precarización, marcada por el reemplazo de empleos de calidad, formales y de salarios de medios a altos, por otros precarios y ligados al monotributo.

Junto con la crisis sanitaria el Ejecutivo desplegó acciones para garantizar el sostén de los puestos de trabajo en el sector privado que incluyeron, además de la prohibición de despidos y la multa indemnizatoria, el pago de parte de los salarios a través de herramientas como la Asignación para el Trabajo y la Producción (ATP), primero, y un fortalecimiento del subsidio  Repro que paga Trabajo a las empresas de los sectores más golpeados por la baja en la actividad económica.

La prohibición de despedir fue una de las primeras reacciones cuando el Grupo Techint anunció la cesantía de 1.450 operarios de la construcción en obras que desarrollaba en varias provincias.

Pese a las instancias de negociación abiertas y a los reclamos del propio primera mandatario (deslizó que el CEO y principal accionista del grupo Paolo Rocca era un “miserable” por echar personal en el inicio de las restricciones) el conglomerado siderúrgico concretó todas las desafectaciones pautadas.

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