A horas del desplante de Soria, la Corte ordenó al Ejecutivo devolverle $ 86.000 millones a Santa Fe

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El máximo tribunal confirmó una sentencia favorable a la provincia y fijó las pautas de cómo el Estado nacional tiene que pagar. Lectura política.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se tomó su tiempo para hacerle una visita protocolar a la Suprema Corte de Justicia: ocho meses desde que asumió en reemplazo de la “albertista” Marcelo Losardo.

Este martes, poco después de visitar a los miembros del Máximo Tribunal y de emitir un furioso comunicado en su contra, los cortesanos confirmaron una sentencia favorable a la provincia de Santa Fe y fijó las pautas de cómo el Estado nacional tiene que devolverle 86.000 millones de pesos.

Se trata de unos expedientes paralelos en los que se debían establecer los montos totales y la forma de pago de una sentencia de 2015 que firmó el máximo tribunal, pero cuya ejecución se fue postergando.

El Estado nacional deberá reintegrarle a la provincia de la que es oriundo Ricardo Lorenzetti 54.023.114.304 pesos por una causa y 14.036.708.553 por otra. Y otros 18.000 millones por una queja idéntica radicada en la Corte en 2009.

El gobierno de santafesino que hoy conduce Omar Perotti, un peronista de llegada al presidente Alberto Fernández, había formalizado ante la Corte la semana pasada su reclamo para que se establezca la manera como se tenía que liquidar la millonaria deuda.

El pedido se activó rápidamente en la corte, que hace seis años, poco después de que Mauricio Macri se impusiera en las elecciones presidenciales, había decidido que se les dejara de retener a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de coparticipación con el que se financiaba la ANSeS y el 1,9% que se les quitaba por AFIP. Y que, además, se estableciera un plazo de 120 días para negociar términos y plazos de pago de las sumas retenidas a las provincias.

La resolución fue firmada por Lorenzetti y sus pares Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, pero Carlos Rosenkrantz se excusó por ser parte del mismo estudio de abogados que representó a la provincia en la causa.

En el fallo destacaron, en primer término, que las sentencias de fondo del 2015 “tuvieron el firme propósito de que las partes convinieran y determinaran tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de su cumplimiento”.

Sin embargo, indicaron que, “habiendo transcurrido seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017, ese propósito no se ha alcanzado, lo cual coloca nuevamente al Tribunal en la situación de tener que decidir acerca de la cuantía de la condena de restitución de los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la Provincia”.

Los tres ministros hicieron lugar a la impugnación del Estado Nacional y, en consecuencia, aplicaron la tasa pasiva del BCRA –y no la activa del Banco Nación, como pretendía la provincia, remitiendo al precedente San Luis –Fallos: 342:85.

“A diferencia de ello, no se hace lugar al pedido del Estado Nacional de aplicar la tasa del 6,72 nominal anual y, para fundarlo, la Corte señala que dicho porcentaje no fue previsto por las partes en el Consenso Fiscal para la situación de los juicios con sentencia firme, sino que éstos tuvieron un tratamiento particular”.

Por el mismo motivo, la Corte entendió que “tampoco puede ser admitida la interpretación del Estado Nacional según la cual la aceptación de los títulos por parte de Santa Fe habría significado la conformidad de esta última en cuanto a la aplicación de la tasa, aunque aclara que tal conclusión no implica valoración alguna acerca de los alcances del compromiso de reintegro asumido por la actora allí”.

Por último, desestimó el pedido del Estado demandado para que se establezca “una reducción prudencial de la cantidad resultante de la liquidación en función del “crecimiento proporcionalmente mayor en las prestaciones que la ANSES tuvo a su cargo en la provincia durante todo el período”.

Fuentes: Clarín y agencias

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