Inteligencia artificial y derechos de los trabajadores

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El proyecto de reglamento de la UE sobre inteligencia artificial corre el riesgo de excluir a los interlocutores sociales e incumplir los requisitos de protección de datos.

Las discusiones sobre este espinoso tema han aumentado desde que la Comisión Europea publicó su propuesta en abril. Posteriormente, advertimos sobre posibles amenazas a los derechos laborales y laborales. El texto, por supuesto, no es definitivo y es posible que la versión final difiera significativamente; de hecho, hay margen de mejora.

En medio de los llamamientos de los empleadores para una definición “nítida”‘, que sería propensa a eludir y no podría seguir el ritmo de los desarrollos técnicos, la IA se describe en el borrador haciendo referencia a algunas de sus funciones: predicción, optimización, personalización y asignación de recursos.

Debido a la aceleración digital inducida por la pandemia, casi todo el mundo ahora está familiarizado con las promesas y los peligros de las herramientas habilitadas por IA adoptadas para realizar tareas en una gran variedad de dominios y en contextos particularmente sensibles como ecosistemas de trabajo.

El proyecto de reglamento menciona tanto los “sistemas de inteligencia artificial destinados a ser utilizados para la contratación o selección de personas físicas, en particular para la publicidad de vacantes, la selección o el filtrado de solicitudes, la evaluación de candidatos en el curso de entrevistas o pruebas” como la “inteligencia artificial destinada a ser utilizada para la toma de decisiones sobre la promoción y terminación de las relaciones contractuales relacionadas con el trabajo, la asignación de tareas y el seguimiento y la evaluación del desempeño y el comportamiento de las personas en dichas relaciones”. Esto abarca en gran medida las funciones de gestión encomendadas a modelos basados en datos, a menudo agrupados bajo la fórmula popular de “jefes algorítmicos”.

La Comisión reconoce que estos sistemas de inteligencia artificial de “alto riesgo” plantean “riesgos importantes para la salud y la seguridad o los derechos fundamentales de las personas”.

En el borrador, sin embargo, prevalece un enfoque de “laissez-faire” y tales sistemas simplemente tienen que cumplir con un “conjunto de requisitos obligatorios horizontales para una IA confiable” que incluyen “prácticas adecuadas de gestión y gobernanza de datos”, documentación similar a un prospecto que demuestre el cumplimiento de las normas vigentes, transparencia de los procedimientos, supervisión humana y “un nivel adecuado de precisión, solidez y ciberseguridad”.

Sin embargo, la práctica se basa principalmente en la autocertificación a través de los “procedimientos de evaluación de la conformidad” “ex ante” realizados por los propios proveedores o, en algunos casos, a través de organismos de normalización.

Habíamos expresado la preocupación de que el reglamento pudiera terminar siendo un techo para la protección laboral en lugar de un piso. Su base jurídica liberalizadora es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre armonización del mercado interior.

Esto podría utilizarse para superar las regulaciones nacionales existentes que prevén la participación de los interlocutores sociales antes de la introducción de cualquier herramienta tecnológica apta para supervisar el desempeño de los trabajadores.

Esto es aún más cierto cuando las aplicaciones de inteligencia artificial están integradas en herramientas ordinarias que ya se utilizan en el lugar de trabajo para proteger los activos comerciales, evaluar el rendimiento laboral y realizar un seguimiento de la productividad, o señalar comportamientos desviados.

Varios estados miembros han diseñado un modelo específico para la tecnología de vigilancia en el empleo en el que se requiere la participación de representantes de los trabajadores u organismos públicos y, en algunos casos, pueden ejercer poderes de veto. Si bien la mayoría de los dispositivos de monitoreo ordinarios a menudo tienen que pasar una fase de codeterminación antes de ser introducidos en entornos profesionales, el modelo previsto por la regulación de IA corre el riesgo de desplazar todas estas protecciones de procedimiento. De hecho, podrían interpretarse como exorbitantes y desproporcionados en relación con las salvaguardias proporcionadas y, por lo tanto, obstaculizar la prestación gratuita de servicios relacionados con la inteligencia artificial que el instrumento pretende promover. Por lo tanto, las leyes nacionales más protectoras corren el riesgo de diluirse si se interpretan como incompatibles con los objetivos de armonización del reglamento,

Este reglamento debería estipular específicamente que es sin perjuicio de cualquier protección laboral y del empleo existente o futura destinada a regular la introducción y el uso de cualquier herramienta habilitada para la IA en los lugares de trabajo europeos. Esto evitaría que la regulación se utilice para rebajar o derogar las normas laborales, dañando la privacidad, la libertad de expresión, la dignidad humana y la igualdad.

* De Stefano es profesor de derecho laboral en BOFZAP en KU Leuven y coautor de New Trade Union Strategies for New Forms of Employment (CES, 2019). Aloisi es becario Marie Sodowska-Curie y profesor asistente de Derecho Laboral europeo y comparado en IE Law School, IE University, Madrid. Este artículo fue publicado originalmente en Social Europe.

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