La fundamentó en su presunta “inhabilidad moral” y en sus vínculos con el presidente del PJ porteño, Víctor Santa María.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica impugnó al abogado Carlos Cruz, el candidato que propuso el presidente Alberto Fernández para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y a la abogada Mariana Quevedo, elegida para ocupar el cargo de vicepresidenta de ese organismo, por “falta de idoneidad” y por “inhabilidad moral”.
Entretanto, el proceso de designación de Cruz avanza y en poco tiempo se celebrará la audiencia para analizar la propuesta del Poder Ejecutivo.
Cruz es abogado, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue presidente de la Asociación de Abogados porteña. Cuando se refirió a él, Fernández rermarcó que lo conocía “hace muchísimos años”.
Los legisladores señalaron que Cruz carece de idoneidad por su formación y supuesta falta de trayectoria, pero también que “no es independiente del poder político”, especialmente por su cercanía con el presidente del Partido Justicialista porteño, el sindicalista Víctor Santa María.
Santa María fue denunciado por la UIF a mediados de 2017, en la gestión de Mariano Federici, por el delito de lavado de activos, causa que está a cargo del juez federal Claudio Bonadio pero, a pesar de contar con un informe sobre sus actividades financieras en Suiza, el presidente del PJ porteño y secretario general del Suterh aún no fue indagado.
“Resulta preocupante la falta de independencia del señor Cruz con respecto a la política partidaria y al gobierno nacional. Tanto el presidente de la Nación como el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (denunciado por la actual gestión de la UIF por lavado de activos) han manifestado públicamente su amistad con el señor Cruz y el mismo Cruz ha manifestado su militancia en el Partido Justicialista y su simpatía con el kirchnerismo, todo lo cual torna cuestionable su capacidad para liderar una entidad como la UIF, de la cual se espera una operación autónoma e independiente del poder político y el gobierno, conforme la ley 25.246 y la Recomendación 29 del GAFI”, señalaron los legisladores de la Coalición Cívica.
Y agregaron que “si bien posee cierto conocimiento académico en relación con los delitos económicos, carece del más mínimo conocimiento técnico para ejercer la presidencia de la UIF, de acuerdo con las misiones y funciones asignadas por ley al organismo en cuestión”.
La audiencia para analizar las propuestas del Ejecutivo para encabezar la UIF está programada para el 22 de enero y la designación de Cruz y Quevedo se formalizaría el 27.
“La simple lectura de sus antecedentes curriculares revela la falta de experiencia en materia regulatoria, su falta de conocimientos en el campo de la inteligencia financiera y en la sensible misión de cooperación internacional que reviste la UIF y su falta de práctica profesional penal vinculada estrictamente con la temática compleja del lavado de activos y la financiación del terrorismo”, agregaron, en relación con los antecedentes de Cruz.
En declaraciones radiales realizadas el mes pasado, Cruz dijo que “se instala la corrupción para evitar discutir la evasión tributaria” y apuntó contra el centro de la cooperación financiera internacional.