Siete jueces designados por el gobierno sustituyen a 167 diputados elegidos en los comicios de diciembre de 2015. Eso ocurre en Venezuela, deudor de la elección de 23 gobernadores y de 335 alcaldes desde diciembre de 2016. Deudor, también, del referéndum revocatorio del mandato del presidente, Nicolás Maduro, tramitado por la oposición en la Asamblea Nacional. El referéndum debía celebrarse antes del 10 de enero de 2017. A mitad del mandato, como dicta la Constitución.
Maduro, arropado en la sexta renovación desde el comienzo del año del decreto de excepción y emergencia económica, prefirió evitar una eventual rebelión de las masas.
El año no había empezado bien. En enero, Venezuela perdió su derecho al voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por no pagar sus cuotas por segundo año consecutivo. Otra deuda de Maduro.
Ese mes, Maduro designó vicepresidente a Tareck El Aissami, ex ministro del Interior y ex gobernador de Aragua. Lo puso al frente del "comando antigolpe". Su fin era capturar a disidentes políticos. En la jerga venezolana, "traidores a la patria".
En febrero, el gobierno de Donald Trump le confiscó a El Aissami propiedades en los Estados Unidos y le prohibió realizar transacciones financieras y comerciales. Lo acusó de narcotraficante.
La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional, en presunto desacato desde 2016 por no autorizar la pretensión de Maduro de constituir empresas mixtas en el alicaído sector petrolero, viene a ser una respuesta a los reclamos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
O, en realidad, los de su secretario general, Luis Almagro, ex canciller de Uruguay. Lo tildó Maduro de "basura sideral", "payaso", "traidorcillo" e "inepto", entre otras finuras, por haber propuesto la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela por sus "retrocesos" democráticos.
La Carta Democrática proclama el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad en caso de ruptura del orden constitucional. Es una sanción. La rechazaron varios Estados miembros. Confiaban en que iba a prosperar el diálogo bendecido por el Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y tres ex mandatarios extranjeros.
El diálogo entre el oficialismo y la oposición está congelado. Las diferencias se dirimen en la calle, con marchas de un polo y del otro que no hacen más que aislar a Venezuela. La oposición, dividida, tampoco enhebra un discurso conciso desde 1999, cuando asumió Hugo Chávez.
En esta nueva instancia, el "abuso de poder" del Tribunal Supremo de Justicia derivó en un "golpe de Estado", me dice desde Caracas el vocero internacional del presidente de la Asamblea Nacional, Edmundo González Urrutia, ex embajador en Argentina.
Definiciones hubo muchas. "Autogolpe de estado", según Almagro. "Clara ruptura del orden constitucional" que "alimenta el radicalismo político", según el gobierno de Brasil. O, a los ojos del gobierno argentino, una medida que "limita las facultades" del Poder Legislativo y "restringe la inmunidad parlamentaria de sus integrantes, elegidos por el voto popular".
Con esos antecedentes, la defensa del gobierno de Maduro comenzó a ser cada vez más difícil hasta para sus socios. En Venezuela, estrangulada por una inflación colosal, dos personas son asesinadas por hora. En un simulacro de maniobras militares, Maduro se mostró en enero con un fusil automático pesado, calibre 7,62 milímetros, como si la declamada invasión de los marines fuera inminente.
Poco antes había dicho que películas como El Hombre Araña eran la causa de la violencia juvenil. Ergo: algo así como 20.000 armas repartidas en los barrios de Caracas eran para combatir a los yanquis y todo aquel que se pareciera a Peter Parker.
Venezuela libra una batalla contra Venezuela. La repulsa contra Maduro, acusado de violar los derechos humanos y de mantener presos políticos que llama políticos presos, no nació en Washington, sino en Caracas. Son los venezolanos los más críticos de su gobierno, emparentado con militares que manejan más de la mitad del presupuesto nacional desde varios ministerios.
Los habitantes de una nación rica en petróleo, privados de artículos básicos, se ven obligados a escarbar en la basura en busca de comida. Un horror, más allá de los artilugios de los jueces para legitimar una medida aparentemente constitucional que atenta contra el orden democrático.
* Periodista, dirige el portal de información y análisis internacional El Ínterin, y es columnista en la Televisión Pública Argentina.