El debate sobre el impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores debe ser encarado desde un aspecto más estructural: la fenomenal regresividad de la estructura tributaria argentina.
Efectivamente, el 46% del total de los ingresos fiscales de conjunto (nacionales más provinciales) provienen de impuestos al consumo, fundamentalmente IVA e ingresos brutos. Blanco sobre negro: los impuestos más regresivos, y por ende los más injustos porque impactan proporcionalmente más sobre la población trabajadora, jubilados y desocupados, son los que sostienen casi la mitad de la recaudación impositiva argentina.
Una auténtica aberración, acompañada por la elevadísima tasa del IVA (21%), el impuesto “estrella” de la Argentina. Obviamente “nunca” aparece como oportuno discutir esto para ningún gobierno, que se aprovechan del carácter indirecto del tributo, y por lo tanto de su recaudación “casi automática” frente a otros impuestos como Ganancias, mucho más justos y equitativos pero que requieren “poder político” y voluntad para cobrarlos.
Veamos entonces Ganancias: lo primero que salta a la vista es que recauda apenas el 20% del total de los recursos tributarios. Un porcentaje muy bajo, en comparación con la mayoría de los países del mundo. Pero, como todos sabemos, el problema es la perversa distorsión que este tributo ha sufrido en los últimos 15 años: un impuesto a las Ganancias (léase, a los excedentes obtenidos por empresas y personas sobre el capital arriesgado, como cualquier economista sabe cuándo se define el término “ganancia”), terminó transformado en un tributo que “descuenta automáticamente” porciones cada vez mayores a los trabajadores asalariados (y que, por lo tanto, no obtienen “ganancias” sino salarios).
Año a año, la inflación fue haciendo que más y más empleados y obreros (e incluso, más perversamente aún, jubilados) paguen “ganancias”. Hoy en día, un asalariado que apenas supera lo necesario para obtener una canasta familiar digna ya es alcanzado por el impuesto. Esto es una perversión, sin duda, que nació con la tablita de José Luis Machinea en el gobierno de la Alianza, se desarrolló hasta niveles increíbles durante los doce años kirchneristas y que ahora continúa el macrismo, violando sus propias promesas de la campaña electoral.
Evidentemente esto no se resuelve con un parche, como aumentar el mínimo no imponible “un poco”, ya que en el corto plazo la inflación futura volverá a colocar el problema en el mismo lugar. Mucho menos, como propone Axel Kicillof “cambiando el nombre del impuesto”. Hay que ir a fondo: los trabajadores terminan pagando ganancias (al igual que el IVA) porque para los gobiernos son impuestos “fáciles” y “automáticos” para cobrar. El resto de la recaudación de Ganancias, la que debería ser efectivamente “progresiva”, o sea la que depende de cobrarle realmente a personas físicas y jurídicas que ganan por su actividad empresarial, se enfrenta a lobbies, evasiones o elusiones (evasión “legal” generada por los vericuetos que aprovechan las grandes empresas, asociadas con los mejores estudios contables, para reducir al mínimo sus excedentes imponibles).
A todo esto tenemos que sumarle las otras perversiones del sistema tributario argentino: el hecho de que esté exenta la renta financiera, el juego, los jueces, la herencia o que se hayan borrado “de un plumazo” las retenciones a la minería o a la mayoría de las exportaciones agrícolas (y, al contrario del caso del impuesto a las Ganancias sobre el salario, sin que nadie en el Gobierno se pregunte por sus efectos fiscales).
Si impone un cambio a fondo de la estructura impositiva argentina: todos los trabajadores bajo convenio y los jubilados no deben pagar bajo ninguna circunstancia impuesto a las Ganancias. Este tributo debe ser totalmente reformulado para que todos los empresarios paguen sin excepción, en todas las actividades (incluyendo las financieras y las otras hoy exentas) con alícuotas progresivas y crecientes, que incluyan un impuesto especial a las ganancias extraordinarias. Al mismo tiempo hay que eliminar el IVA y todo impuesto al consumo sobre los productos de la canasta familiar. Y se deben agregar a esto impuestos sobre la riqueza y la restitución de las retenciones a los exportadores monopólicos, tanto del agro como de la minería. Y, en el caso provincial, impuestos inmobiliarios urbanos y rurales que realmente reflejen la riqueza de los contribuyentes. Sólo así tendremos una estructura impositiva que cumpla con los objetivos fiscales necesarios para que se atiendan las urgentes necesidades populares de salud, educación, vivienda y empleo.
* Economista y dirigente de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda