Ernesto "Nabo" Barreiro está imputado por 518 delitos. Fue jefe de torturadores del centro clandestino de detención La Perla.
El represor Ernesto "Nabo" Barreiro advirtió hoy que "tarde o temprano" los verán "desfilar orgullosos junto al pueblo de nuestra querida Patria, y así las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas de la historia para siempre".
Barreiro, ex mayor del Ejército y jefe de torturadores del centro clandestino de detención La Perla, hizo estas polémicas declaraciones durante el alegato en el juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad, informó el diario Clarín.
El represor dijo además que se emocionó en los actos del Bicentenario de la Independencia, donde "fueron aclamados por miles de personas los gloriosos combatientes de Malvinas, los del Operativo Independencia y los de La Tablada”, en referencia a los ex represores de Tucumán y al ex líder carapintada Aldo Rico.
Barreiro está imputado por 518 delitos: 228 privaciones ilegitimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y el robo de un menor de 10 años.
Integró el Grupo Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141, y comandó a los torturadores de La Perla.
En abril de 1987 fue el iniciador de la asonada carapintada de Semana Santa, cuando se amotinó en predios del Tercer Cuerpo de Ejército en el camino a La Calera, para negarse a declarar ante la Justicia federal.
Aldo Rico se solidarizó con él y produjo el levantamiento que terminó cuatro días después.
Durante su alegato, que leyó de pie, Barreiro calificó a su esposa, Ana Maggi, como una "referente de nuestros derechos humanos".
La mujer gritó entonces "¡Viva la Patria, mayor!”, y fue reprendida por el presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier.
"Todos hablan aquí de (los juicios de) Nüremberg, pero allí hubo 12 juicios, uno de ellos contra jueces y fiscales”, añadió Barreiro.
El kirchnerismo impulsó decididamente los juicios por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) pero el gobierno de Cambiemos exhibió una posición distinta.
En diálogo con la agencia oficial Télam, el ministro de Justicia, Germán Garavano consideró que, para el gobierno, "las políticas de derechos humanos son políticas de Estado" y "tienen que ver con la democracia y su fortalecimiento", pero también con la igualdad de criterio hacia los familiares víctimas de secuestros, torturas y desapariciones, y a los allegados de quienes cometieron esos delitos de lesa humanidad.
Desde su ministerio, dijo, "no se fomentarán situaciones de división o conflicto" porque el Gobierno "se maneja con prudencia y equilibrio".
Garavano formuló estas declaraciones en ocasión de conocerse que había recibido a Cecilia Pando, la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, heredera de FAMUS, la entidad que representaba a los familiares de militares muertos durante la dictadura en enfrentamientos con organizaciones guerrilleras.