El nombre de la coalición a la cual pertenecemos quienes hoy tenemos la responsabilidad de gobernar -Cambiemos- no es casual y su significado fue bien interpretado por los argentinos: tras una gestión que nos dejó una inflación acumulada del 700%, un déficit fiscal histórico, una gigantesca incapacidad de crecimiento económico ocultada bajo la alfombra del empleo público artificial, un gobierno que ya sumaba cinco años sin generar empleo genuino, luego de políticas extractivas que empobrecieron a la gente día a día llevadas a cabo por funcionarios que vieron en su gestión una oportunidad y no un compromiso; el pueblo decidió, mediante un verdadero cambio, transformar la Argentina.
A tan sólo cinco meses, el nuevo rumbo ya está en curso y a través de políticas concretas concentradas en mejorarle la calidad de vida de la gente, pusimos como meta de nuestras medidas la creación de trabajo digno y estable para todos los argentinos, para lo cual no hay recetas mágicas, el único camino real para cumplir este objetivo es por medio de la atracción de inversiones que expandan con ellas nuestra economía.
En este sentido, es sabido que le hemos quitado todos los frenos posibles a las grandes, medianas y, sobre todo, pequeñas empresas. Incluso logramos sacar a la Argentina de un vergonzoso default, lo que les devolverá a los ciudadanos la capacidad de financiarse a tasas considerablemente más bajas, para que puedan multiplicar su capacidad productiva y entren así al mundo compitiendo de igual a igual.
En definitiva, se sentaron las bases necesarias con las que todo país desarrollado cuenta al comenzar un crecimiento sostenido de su economía, posicionándonos como un atractivo lugar para cualquier empresario del mundo. Estas políticas empezaron a dar resultados y se hicieron plausibles en diferentes anuncios, como los de Fiat y Coca-Cola, por millonarias inversiones. De hecho, el ministro de producción, Francisco Cabrera, afirmó que se detectaron proyectos de inversión en la Argentina por 20.000 millones de dólares por parte de compañías nacionales y extranjeras.
Ante este nuevo escenario, no puede dejar de sorprendernos la reciente y repentina propuesta realizada -denominada proyecto de ley "antidespidos"-, a través de la que se pretende solucionar los problemas que aquejan hoy al país como herencia de una administración anterior que no supo generar las condiciones idóneas para la prosperidad de los trabajadores, buscando la prohibición de los despidos bajo la pena de una doble indemnización por parte de las empresas hacia los afectados.
En primer lugar, cabe destacar que dicha medida no hará más que entorpecer el proceso productivo generado mediante propuestas superadoras y constructivas. Es sumamente llamativo que, una vez dadas las condiciones para la inversión, lo primero que proponen es una inestabilidad jurídica que espantaría al más arriesgado de los empresarios.
Según Andrea Ávila, CEO para Argentina y Uruguay de Randstad –consultora internacional de recursos humanos- existen muchísimos proyectos de inversión listos para la Argentina, pero que esperan definiciones económicas para largarlos ¿es acaso esta la señal que aguardan dichos inversores?
Es pertinente preguntarse además la razón de la iniciativa teniendo en cuenta el momento en el que se propone, siendo que el nivel de desempleo es prácticamente el mismo que el de finales de 2015. Las inversiones son una cuestión de tiempo y hasta reabren algunas empresas que cerraron el año pasado –como Cresta Roja-. Es decir, cuando la situación tiende a recomponerse, se buscan las más extremas de las medidas. Quiero pensar que se trata de una mera distracción que corregirán al percatarse de la realidad ya que el oportunismo político sería tremendamente grave cuando día a día se está sacando al país de la crisis económica e institucional que nos han dejado.
Hay que tener en cuenta, además, que si una gran empresa necesita reducir personal, lo hará; pero bajo ningún punto de vista se puede esperar lo mismo de las Pymes –ni de las peluquerías, almacenes, restaurantes-, quienes no podrán absorber la doble indemnización y terminarán quebrando, dejando así a la totalidad de sus trabajadores en la calle.
Recordemos que el 98% de las empresas privadas del país son Pymes, con lo cual, según los pronósticos de economistas y especialistas en el sector productivo, las consecuencias serán deplorables poniendo, sobre todo, a un 80% de los puestos de trabajo privados en juego.
Como vemos, no solo no se beneficiará a quién se pretende, es decir a los que tienen empleo, sino que además se les pondrá un obstáculo infranqueable a quienes aún no corren con la misma suerte, ya que como se adelantó, las empresas frenarán así sus proyectos de inversiones para no correr con el riesgo de emplear a alguien que quizás después no puedan sostener.
Si la realidad fuera algo tan sencillo de cambiar ¿por qué detenernos en los despidos? ¿Por qué no avanzar más y lograr mediante una ley el pleno empleo y el más alto ingreso per cápita mundial? Simplemente porque el mundo no funciona así, de lo contrario la ex Unión Soviética habría sido la más próspera de las potencias y el muro de Berlín aún seguiría en pie.
(*) Senadora Nacional por Córdoba, presidenta del Bloque Frente PRO e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta.