La Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que “un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita” y que “no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Kirchner” con el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La central obrera emitió un comunicado anoche en apoyo a la vicepresidenta tras conocerse la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron la inhabilitación especial perpetua para la presidenta del Senado y para el resto de los exfuncionarios imputados.
“El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el peronismo”, afirmaron los integrantes de la conducción cegetista, que rechazaron “la absurda calificación jurídica acusatoria impulsada por la fiscalía en contra” de ella “en ejercicio de un mandato constitucional”.
“Los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento”, afirmaron en un comunicado los secretarios generales.
Además, el Consejo Directivo Nacional concluyó que esperamos “que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación”.
En tanto, la Corriente Federal de Trabajadores que lidera el camionero Pablo Moyano, muy cercano ahora al “cristinismo”, repudió el “nefasto accionar judicial de los fiscales que en medio de un show mediático y sin prueba alguna intentan justificar una absurda condena contra nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner”.
“Asimismo, respaldamos el pedido de la Vicepresidenta de la Nación para ejercer efectivamente su derecho a defensa en juicio y hacemos un llamado al pueblo todo para mantenernos en alerta e impedir el avasallamiento democrático por parte del partido judicial, cuyo deleznable objetivo no es otro más que proscribir a quien es la mayor referente en defensa de los intereses de la Nación y del pueblo argentino”, añadió.