El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, enfrenta una escandalosa investigación interna por denuncias que señalan que mantiene una relación íntima con una subordinada.
Esa supuesta relación, que es un “secreto a voces” dentro de la organización y lleva varios años, sería con una mujer de nacionalidad mexicana unos veinte años menor que él, según información obtenida por la agencia de noticias estadounidense AP.
Según fuentes de la OEA citadas por el medio, el romance ha causado molestia a algunos de los 600 empleados de la organización con sede en Washington, tanto como a diplomáticos regionales, “por tener que trabajar con la presunta amante del jefe“.
Varios funcionarios comentaron que los vieron besándose junto a una piscina cuando se realizaba la Asamblea General de la OEA en Medellín en 2019; otro dijo que los vio tomados de la mano en su oficina a mediados de 2020.
Asimismo, un exfuncionario contó que Almagro le dijo que esa relación fue la causante de la separación de su segunda esposa en 2020.
Un vocero oficioso negó que el diplomático uruguayo fuera el supervisor directo de la mujer con la que mantiene la relación, puesto que trabaja desde 2019 en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia; sin embargo, en varias publicaciones del bloque regional, incluyendo las redes sociales, se la ha descrito como su “asesora” o “jefa de asesores”.
Este supuesto romance constituiría una posible violación al Código de Ética de la organización. Ese documento señala que, aunque no pretende regir la conducta privada de los funcionarios, lo hará cuando dicha conducta “interfiera o afecte la capacidad del individuo de ejecutar con éxito las tareas de su puesto o afecte el lugar de trabajo de la SG/OEA (Secretaría General de la OEA) o perjudique la imagen general de la organización”.
En el apartado de relaciones interpersonales, incluyendo las románticas, en el lugar de trabajo, el Código compromete a los trabajadores a asegurarse de que estas no interfieran con su trabajo ni con el trabajo de sus colegas; asimismo, que “no afecte la atmósfera profesional en el lugar de trabajo” y que “no provoque incomodidad o haga sentir en desventaja a nadie”.
Antecedente reciente. El 27 de septiembre pasado se produjo la destitución del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el estadounidense Mauricio Claver-Carone, que había sido impulsado por Donald Trump cuando poco antes de dejar la Casa Blanca, a finales de 2020.
La medida encarna el fracasado final de una experiencia inédita con la que Washington rompió una tradición de más de 60 años de equilibrio en la región en estos organismos multilaterales.
La Junta de Gobernadores del BID votó el 26 del mes pasado la destitución de Claver-Carone después de que una investigación sobre una supuesta relación romántica con una subalterna lo encontrara responsable de haber violado las reglas de ética.
La investigación también evidenció que Claver-Carone tomó medidas laborales para beneficiar a la mujer involucrada, aumentando su salario en dos instancias en menos de un año para un incremento acumulativo del 46% a más de US$ 400.000.
La decisión final sobre la destitución fue adoptada por el organismo de mayor autoridad del BID, compuesto en su mayoría por los ministros de Hacienda de los 48 países que lo integran, quienes tomaron en cuenta el reporte elaborado por los directores ejecutivos de la entidad, que ya se habían pronunciado a favor del alejamiento del ya extitular de la entidad.
La vicepresidenta ejecutiva del BID, Reina Irene Mejía Chacón, quedó a cargo de manera interina del organismo, que ya tiene tres candidatas a suceder a Claver-Carone: la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y la jefa de la Cepal, Alicia Bárcena.