Silvina Batakis estuvo al frente del ministerio de Economía apenas 24 días en julio pasado en un pase entre Martín Guzmán y Sergio Massa, pero su gestión tuvo un perfil fiscalista y apenas designada le comunicó a sus pares del gabinete que, en medio de la crisis cambiaria, el principal problema a resolver era el gasto público.

Según los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, en julio el gasto corriente devengado de la Administración Nacional cayó 10,6% respecto de igual período del año anterior y el déficit primario, el 73,6%.

El mes pasado, las erogaciones corrientes alcanzaron casi $1,2 billones, lo que marcó un incremento nominal del 52,8%, claramente por debajo de la inflación, resultado que indicó un cambio en la tendencia.

Casi todos los rubros del gasto disminuyeron, pero entre los que evitaron la tijera figuran: el programa Potenciar Trabajo, que subió 33% real interanual hasta $51.191 millones y las Becas Progresar, que crecieron 26,8% hasta los $7.847 millones. También crecieron los subsidios al transporte, con el 37,3% hasta los $36.176 millones, gastos de personas, con el 13,3% hasta $128.111 millones y el rubro “otros gastos” con el 165% hasta los $20.681 millones.

Entre los que sufrieron la poda estuvieron la Asignación Universal por Hijo con el 29,5% ($28.614 millones) y los subsidios económicos con el 49,6% ($124.017 millones). Dentro de estos, los que bajaron fueron los subsidios a la energía, con el 617% ($77.708 millones) y el rubro “Otros”, con el 42,9% ($9.132 millones). También hubo un fuerte ajuste en Bienes y Servicios, por 51,3% hasta $29.722 millones y las transferencias a las universidades del 2,1% hasta $36.182 millones.

A la semana de asumir en el cargo, en la única conferencia de prensa que ofreció Batakis anunció que iba a implementar una cuenta única para el Estado y que iba a ir cubriendo los gastos en la medida en que contara con los pesos suficientes.

Luego de eso, llegó Massa quien también indicó que iba a continuar con una política de “ordenamiento” del gasto y les pidió a sus pares establecer prioridades para la ejecución de los recursos. Además, anunció que hasta fin de año dejará de lado la asistencia del Banco Central mediante anticipos al Tesoro.

Con el recorte de gastos importante que hubo en el séptimo mes del año, se registró un déficit primario devengado de $46.188 millones, lo que marcó una caída interanual real del 73,6%. Eso ocurrió a pesar de que los ingresos del Sector Público Nacional bajaron 2% hasta $1,12 billones, debido principalmente a la merma del Aporte Solidario, que se contabiliza como “ingresos no tributarios”. Los ingresos tributarios crecieron 5,2% hasta los $702.904 millones y las rentas de la propiedad 57,5% hasta $35.714 millones.

En los primeros siete meses el déficit primario ascendió $1.5 billones, con una suba interanual del 172,4% nominal y del 71% en términos reales. El informe de la oficina técnica del Poder Legislativo se anticipa al que el Ministerio de Economía difundirá el próximo 22, aunque puede presentar diferencias por cuestiones metodológicas.

El resultado es consecuencia de ingresos totales por $6.458.892 millones, gastos primarios por $7.997.257 y gastos totales por $8.661.651 millones, por lo que también hubo un déficit financiero de $2.202.759 millones, con un incremento nominal del 124,7% y real del 41,1%.

Durante los primeros siete meses del año el crédito presupuestario prorrogado aumentó en $5.649.535 millones y alcanzó los $16.425.485 millones.

Los incrementos más significativos estuvieron concentrados en jubilaciones y pensiones ($2.231 .354 millones), subsidios energéticos ($625.221 millones), gastos en personal ($509.785 millones), intereses de la deuda pública ($396.913 millones) y programas sociales ($338.917 millones).

Estimaciones privadas indican que hasta fin de diciembre Massa tendría que practicar un ajuste de unos 611.000 millones de pesos para acomodar las cuentas a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevén que la meta de este año el déficit primario de caja debe ser del 2,5% del PBI.