Griesa levanta “stay” si Argentina deroga leyes “cerrojo” y “de pago soberano”

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El juez neoyorquino indicó que lo hará con esa condición y la de que le pague a los acreedores que hayan aceptado su oferta hasta el 29 de febrero.

Por Mariano Andrade

NUEVA YORK (AFP).- El juez estadounidense Thomas Griesa anunció hoy (viernes 19) que removerá bajo condiciones sus órdenes contra Argentina en el litigio por títulos en “default” desde 2001, conocidas como “stay”, al responder a un pedido de la defensa tras su oferta a los “fondos buitre” para saldar la cuestión, pero el país deberá cumplir condiciones.

“La Corte indica ahora que removería las órdenes si se cumplen las dos condiciones precedentes”, escribió el magistrado de Nueva York en un fallo en el que precisa que Argentina debe anular sus leyes que impiden un acuerdo y pagar a los acreedores que hayan aceptado su oferta hasta el 29 de febrero.

Según el texto, las condiciones son: “(1) La República rechaza todos los obstáculos legislativos a un acuerdo con los tenedores de bonos, incluyendo la ‘Ley Cerrojo’ y la ‘Ley de Pagos Soberanos’; (2) Para todos los acreedores que sellaron principios de acuerdo con la República antes o el 29 de febrero de 2016, la República debe hacer un pago completo de acuerdo con los términos específicos de cada acuerdo”.

Griesa necesita además de la autorización de la Corte de Apelaciones neoyorquina para aplicar la medida ya que hay un planteo argentino preexistente que debe ser resuelto en esa instancia.

El gobierno argentino le pidió el pasado 11 de febrero a Griesa que levantase la orden del “pari passu” o tratamiento equitativo a favor de esos fondos, de modo de poder avanzar con su oferta para resolver el litigio por títulos en default desde 2001.

La nueva administración del presidente Mauricio Macri presentó el 5 de febrero una propuesta para pagar 6.500 millones de dólares, sobre un total de 9.000 millones, a los fondos especulativos NML Capital y Aurelius, y a otros acreedores.

EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos que ganaron juicios con sentencia firme en Nueva York, aceptaron esa oferta, por la cual cobrarán 849,2 millones y 298,66 millones de dólares, respectivamente.

Sin embargo, otros querellantes y NML Capital y Aurelius, que en 2012 lograron una sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a 1.750 millones de dólares, rechazaron por el momento la propuesta y se oponían a la aprobación de la moción argentina que hoy aceptó Griesa.

Presión argentina. En un escrito presentado más temprano este viernes, Argentina le indicó a Griesa que no habría solución al juicio si no se adoptaba su moción a favor del retorno del país a los mercados y el pago de sus bonos reestructurados.

“La República y los querellantes están de acuerdo en que las partes no pueden resolver esta cuestión hasta que las órdenes sean anuladas”, afirmaron los abogados Daniel Slifkin y Michael Paskin en una carta.

De su lado, el letrado Robert Cohen del fondo NML Capital había señalado el jueves al magistrado que debía “negar la moción de Argentina para cancelar sus órdenes en este momento crítico del litigio”.

La decisión de Griesa tuvo lugar luego de que el mediador judicial Daniel Pollack anunciase el jueves por la noche un nuevo acuerdo entre Argentina y otro acreedor, Capital Markets Financial Services, para pagar deuda en “default” por 110 millones de dólares.

A principios de semana se había informado de otro acuerdo, con un grupo de querellantes de una demanda colectiva cuyo monto exacto aún se desconoce.

A esto se suma el preacuerdo dado a conocer a comienzos de febrero con 50.000 bonistas italianos para pagar al contado 150% del capital original de 900 millones de dólares por títulos en “default”, es decir un total de 1.350 millones de euros, según su representante Nicola Stock.

El precedente gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) había rechazado el fallo de Griesa, quien en julio de 2014 congeló un pago de 539 millones de dólares en Nueva York a los bonistas que habían adherido a los canjes de 2005 y 2010, provocando un “default” parcial de Argentina.

Esas reestructuraciones, rechazadas por los “fondos buitre” y otros querellantes, fueron aceptadas en su momento por el 93% de los acreedores e incluyeron importantes quitas.

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