Una condena, 30 años después

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En 1982, cientos de aldeanos fueron brutalmente asesinados en Guatemala por un grupo de elite del Ejército. Cuatro de los responsables fueron condenados a 6.060 años de cárcel, acusados de crímenes de lesa humanidad. La historia de la masacre.

La masacre en la aldea guatemalteca de las Dos Erres fue una de las más brutales durante la guerra civil que vivió ese país entre 1960 y 1996.

El 6 de diciembre de 1982, un grupo de elite del Ejército ingresó en la aldea para buscar varios fusiles robados por una guerrilla, pero como no encontraron nada tomaron una decisión espeluznante: violaron mujeres y niñas, y luego ejecutaron a casi toda su población y tiraron los cuerpos en un pozo de agua.

La Justicia tardó 29 años en llegar. Pero fue contundente. Cuatro ex integrantes del grupo de elite Kaibil fueron condenados a 6.060 años de prisión, de los cuales deberán cumplir 50 en forma efectiva.

Los condenados son el ex comandante Carlos Carías y los ex subinstructores Daniel Martínez, Manuel Pop y Reyes Collin, que fueron acusados de crímenes de lesa humanidad por el asesinato colectivo de los 201 campesinos en la aldea Las Dos Erres, en Petén.

La dura condena fue impartida por el Tribunal de Alto Impacto, en un juicio en el cual el Ministerio Público había pedido penas de 12.060 años de prisión para cada uno de los acusados. El cálculo se basó en pedir 30 años por asesinato y 30 por los delitos contra la humanidad, los que multiplicados por las 201 víctimas suman 12.060 años.

Un operativo brutal. La matanza fue planificada durante el régimen militar de Efraín Ríos Montt, en el marco del plan Victoria 82, luego de que en octubre de 1982 la guerrilla robara 40 fusiles pertenecientes a las Fuerzas Armadas en la zona de Petén. Por ese motivo pidieron ayuda al Estado Mayor General del Ejército, que fue el encargado de diseñar el plan. El 7 de diciembre se concentraron en las Dos Erres, con el objetivo de recuperar los fusiles.

Según los fiscales del Ministerio Público, Carías –por entonces comandante del destacamento militar en Las Cruces- proporcionó información geográfica y de inteligencia de la aldea a los altos mandos del Ejército, encargado de realizar el plan. Además, se lo acusó de haber preparado el camino para que pasen dos camiones del grupo elite vestidos de guerrilleros, y bloqueó las entradas y salidas de la parcela.

Luego de consumada la brutal matanza, Carías ingresó a la aldea, donde robó pertenencias de los campesinos masacrados, y destruyó e incineró sus viviendas, sin denunciar el hecho a las autoridades castrenses o civiles.

Por su parte, Collin, Martínez y Pop –que formaron parte de la tropa de elite que participó en la masacre- realizaron allanamientos en la madrugada en las Dos Erres, sacaron a hombres y mujeres de sus viviendas y los trasladaron en la iglesia y la escuela de la aldea. El fiscal los acusó por violaciones sexuales, torturas, interrogatorios y servidumbre, ya que las mujeres después de ser violadas eran obligadas a cocinar para la tropa.

Según varios testimonios que se conocieron durante el juicio, Carías afirmó que lo sucedido fue \”una limpieza\” porque en la aldea \”había guerrilleros\”.

Sin embargo, el ex militar negó haber participado en la matanza, al afirmar que la aldea no estaba en jurisdicción del destacamento Las Cruces. \”Lo primero que quiero hacer antes es darle las gracias a Dios, es pedir disculpas a todas estas personas que sufrieron en carne propia la masacre\”, afirmó Carías.

Además, aseguró que su trabajo estaba vinculado con las obras sociales y la planificación de mejoras en el orfanato, la escuela, el salón comunal y el apoyo a los estudiantes.

\”(Tengo) 27 años de estar cargando esta cruz que en ningún momento ha sido mi forma de trabajo\”, sostuvo, y denunció que lo habían utilizado como \”chivo expiatorio\”.

Para llegar a las condenas, se tomaron en cuenta documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa de Guatemala y el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), que permitieron establecer que los acusados estaban de servicio en el momento y en el lugar de la masacre.
Además, se realizaron nueve peritajes de distinto tipo: militar, psicosocial, balístico, documental, histórico, dos antropológicos y dos arqueológicos. En el peritaje histórico se demostró que las familias de las Dos Erres provenían de otros departamentos, y llegaban allí para trabajar la tierra. Incluso muchos estaban en proceso de compra de la tierra.

Relatos espeluznantes. Uno de los testimonios más brutales que se escucharon durante el juicio fue el del ex kaibil César García Tobar, miembro de la patrulla elite del ejército que participó de la masacre.

A través de una videoconferencia desde México, donde reside actualmente, relató que los hombres fueron llevados a la escuela del lugar, mientras que las mujeres y los niños fueron reunidos en la Iglesia Evangélica.

García Tobar precisó que los primeros en ser asesinados fueron los menores, a quienes les golpeaban con una almádena (especie de martillo) en la cabeza. Las mujeres fueron violadas, y antes de ser asesinadas las obligaron a servirles el almuerzo al pelotón de 40 kaibeles que ejecutó la orden.

Una vez exterminados, los cuerpos de hombres y mujeres fueron lanzados en un pozo, donde les dispararon con un fusil y les lanzaron granadas de fragmentación para asegurarse de que murieran.

En julio de 2009, el caso se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra del Estado guatemalteco, al asegurar que violó las garantías judiciales y la integridad de las víctimas.

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