Esto sucede luego de que la Secretaría de Derechos Humanos, en su papel de querellante por el Estado, apeló la incompetencia que dictó el juez federal Daniel Rafecas.

La Cámara Federal porteña deberá resolver en qué jurisdicción se investiga la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa del grupo Graiver a tres diarios nacional.

El Gobierno nacional sostiene que esa transacción se produjo mediante la presunta comisión de un delito de lesa humanidad.

El alto tribunal quedó a cargo del tema luego de que la Secretaría de Derechos Humanos, en su papel de querellante en nombre del Estado, apelara la incompetencia que dictó el juez federal Daniel Rafecas.

El secretario Eduardo Luis Duhalde afirmó en un escrito que \”los tribunales deben decidir con premura –los hechos llevan casi 35 años sin juzgarse- las medidas a adoptar respecto de los responsables de los crímenes\”.

\”Denunciamos una maniobra compleja que se llevó adelante por la asociación ilícita que formaron los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón junto con la Junta Militar genocida y sus funcionarios\”, sostuvo Duhalde en la presentación.

Rafecas recibió la causa luego de que su par de La Plata, Arnaldo Corazza, se la devolviera al hacer lugar al pedido de los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, de que las denuncias realizadas por el Estado nacional sean remitidas a los juzgados federales porteños.

El motivo es que la causa está vinculada, según el gobierno, con los delitos comentidos en el Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura.

Los fiscales estimaron que el traspaso de las acciones le pertenecían a David Graiver a los propietarios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón \”merecían esa calificación penal que los convierte en imprescriptibles pese al tiempo transcurrido\”.