La Embajada argentina en Washington envió una carta a la Secretaría de Estado en la que recordó que el propio gobierno estadounidense ya se manifestó ante cortes locales en contra de la declaración de desacato contra otros países.

El juez de Nueva York Thomas Griesa declaró hoy a la Argentina en “desacato” por “tomar pasos ilegales” para no cumplir con la sentencia que la obliga a pagar 1.330 millones de dólares a los “fondos buitre” que ganaron un juicio por los bonos en default.

“El tribunal sostiene que la República de Argentina está en desacato civil”, señaló Griesa al final de una audiencia celebrada en los tribunales del sur de Manhattan, Nueva York, al dar respuesta a un pedido efectuado a tal efecto por los fondos.

“Con respecto a las sanciones, el Tribunal se reserva su decisión para procedimientos posteriores” agregó el magistrado, dejando en suspenso la segunda parte de la demanda de los fondos, que le pedían una multa diaria de 50.000 dólares hasta que Argentina dejase de violar sus órdenes.

Griesa justificó su decisión de declarar al país en desacato, “una cosa rara” según señaló, en los “pasos ilegales propuestos” por el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner para evitar el pago de la sentencia por 1.330 millones de dólares en su contra por bonos en default desde 2001.

El magistrado mantiene bloqueado en el Bank of New York (BoNY) un depósito de 539 millones de dólares que efectuó Argentina para tenedores de bonos reestructurados bajo legislación estadounidenses, medida con la que el juez busca hacer cumplir su fallo. Esta situación llevó a Argentina a un default parcial sobre su deuda.

Queja de la Embajada. Antes de que se conociera la decisión del juez, la embajada de Argentina en Washington advirtió al secretario de Estado, John Kerry, que Estados Unidos sería legalmente responsable de una eventual declaración judicial de desacato.

En una carta de 11 páginas, la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, escribió a Kerry sobre las consecuencias de una decisión que obstaculice el proceso de reestructuración de la deuda argentina.

Tal decisión “constituiría una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad de Estados Unidos”, escribió Nahón a Kerry.

Esa responsabilidad internacional “en ningún modo puede eximirse por el actuar de su Poder Judicial, dado que según los principios del derecho internacional un Estado debe responder por los actos u omisiones cometidos por cualquier de sus órganos”, añadió.

El caso “acarrea consecuencias para las relaciones exteriores”, subrayó Nahón en la carta.

La representante diplomática añadió que Argentina considera “total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a un Estado extranjero ‘en desacato'”.

De acuerdo con la misiva, “la mera solicitud de imponer una medida que en sí misma es ilícita por ser contraria al derecho internacional es, además, lesiva a la dignidad del Estado”.

En ese escenario, “una declaración de desacato implicaría una escalada sin precedentes y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro por parte de bonistas reestructurados”, apuntó la carta.

En el largo documento, la embajadora argentina recordó a Kerry que el propio gobierno estadounidense ya se manifestó diversas veces ante cortes locales en contra de la declaración de desacato contra otros países.

Por eso, añade, Argentina considera que la “mera consideración de la adopción de una orden judicial semejante constituye una afrenta a la dignidad y a la soberanía de nuestro país”.