Sin embargo, envió información sobre el resto de las operaciones de la llamada \”Ruta del dinero K\”.
La Justicia uruguaya no envió a la de Argentina los datos requeridos por el juez federal Sebastián Casanello sobre la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por parte de empresarios allegados al ex presidente Néstor Kirchner, informaron fuentes del caso al diario oriental “El Observador”.
Según esa versión, la justicia uruguaya especializada en Crimen Organizado respondió que no aportará aún información sobre la compra de El Entrevero porque la investigación que se está desarrollando en Uruguay no culminó todavía.
El juez Casanello, quien investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero, envió dos exhortos a la jueza de Crimen Organizado uruguaya Adriana de los Santos.
Según “El Observador”, en uno solicitó información general sobre empresas vinculadas a Báez radicadas en Uruguay y en el otro sobre la compra del campo El Entrevero.
El fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez respondió que el juzgado debe aportar información sobre empresas uruguayas vinculadas a Báez, pero no sobre la compra del campo, porque esa investigación todavía se está desarrollando en Uruguay.
A su vez, hace cuatro meses, la Justicia uruguaya solicitó información a la argentina sobre Báez, porque su contador, Daniel Pérez Gadín, preside Jumey, la sociedad anónima que compró El Entrevero en José Ignacio en US$ 14 millones.
Casanello respondió pero no brindó información, señalando –siempre según lo publicado este jueves (3) por el diario uruguayo- que debía ampliarse la solicitud, porque el exhorto no incluía la denuncia presentada por los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido.
La prensa oriental señala, entonces, que “de la respuesta que aporte Casanello sobre Báez, Pérez Gadín y su entorno depende el avance la causa en Uruguay, que investiga un presunto caso de lavado de dinero, porque para que la Justicia compruebe que los empresarios kirchneristas lavaron dinero en Uruguay debe existir un delito precedente y ese delito, cometido en Argentina, también debe serlo en Uruguay”.