Es porque los crímenes por lo cuales los pide Servini de Cubría están prescriptos y cubiertos por la ley de amnistía española de 1977.
La fiscalía española no consideró necesario hoy (martes 24) detener a los cuatro ex policías españoles reclamados por la justicia argentina por crímenes cometidos durante la dictadura franquista (1939-1975), aunque se muestra favorable a abrir un proceso de extradición.
El fiscal Miguel Bautista, de la Audiencia Nacional, no considera necesaria “la detención preventiva, habida cuenta la antigüedad de los hechos” en un escrito presentado este martes al juez.
La fiscalía cree que los delitos de “homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y sustracción de menores”, incluidas en la orden detención cursada por la juez federal argentina María Servini de Cubría, están prescritos y cubiertos por la ley de amnistía española de 1977.
El fiscal insta, no obstante, al juez Pablo Ruz a abrir un expediente de extradición por cada uno de los cuatro reclamados y a que “informe al ministerio de justicia del estado requirente al objeto de que presente en el plazo que aquél determine la solicitud de extradición y la documentación necesaria a tales fines”, según la misma fuente.
Bautista presentó cuatro escritos idénticos, uno por cada reclamado, después de recibir, vía interpol, las órdenes de detención cursadas por Servini de Cubría contra cuatro ex policías españoles “con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria”, en el marco de la causa abierta en el país sudamericano por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y los dos años siguientes.
La petición de la juez afecta al ex escolta de Franco, Celso Galván Abascal, de 78 años, y el ex comisario José Ignacio Giralte González, de 71, los cuales habría fallecido ya, así como al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74, y el ex inspector Juan Antonio González Pacheco, de 66, alias “Billy El Niño”.
La justicia argentina abrió en 2010 la causa por los crímenes perpetrados en España entre el inicio de la Guerra Civil (18 de julio de 1936) y el 15 de julio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, alegando el llamado principio de Justicia Universal.