Procesan a tres directivos de Ford por violaciones de los DDHH

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La resolución apunta que la violación de esos derechos no es \”patrimonio exclusivo de los agentes estatales\” y que se concreta \”con la colaboración de actores privados\”, que lo hicieron \”en beneficio\” de sus intereses.

La juez federal de San Martín Alicia Vence procesó sin prisión preventiva y con embargos de 750 mil pesos a cada uno al ex gerente de Manufactura de Ford, Pedro Müller; el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga; y el ex jefe de Seguridad, Héctor Francisco Jesús Sibilla.

Todos tienen más de 70 años y viven en Córdoba actualmente, y la magistrada entendió que dieron los datos, legajos y domicilios particulares de delegados y obreros de la planta automotriz en el primer semestre de 1976 a los militares que estaban bajo el mando del ya condenado ex general Santiago Omar Riveros.

Y que además dejaron funcionar en el predio de la fábrica, en General Pacheco, un centro clandestino de detención para torturas e interrogatorios.

Incluso, añade en la acusación, en muchos casos despidieron con “justa causa” a los secuestrados cuando dejaron de presentarse a trabajar.

“La violación de los derechos humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos”, apuntó la juez Vence.

Por consiguiente, “es muy importante, no solo perseguir judicialmente a los autores estatales, sino también a los actores privados”, advirtió la juez en su resolución, que podrá ser apelada en la Cámara Federal de San Martín.

“Pareciera casi inocente preguntarse si el directivo de una empresa multinacional como Ford -Müller-, el gerente general que hacía las veces de vicepresidente, el gerente de relaciones labores -Galarraga- y el jefe de seguridad -Sibilla- no tenían una posición de garante sobre la seguridad física de sus empleados y subordinados”, añade la magistrada.

“Creo que cualquier lego -continuó- respondería afirmativamente a ese cuestionamiento porque es impensable que un trabajador ingrese a su puesto de trabajo y lo detengan, lo torturen en el propio ámbito laboral, se lo lleven sin conocer su destino por una cantidad variable de días y que sus empleadores aprovechen esa ausencia para despedirlo con justa causa”.

Los delitos que se imputan son participación primaria en “privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24 hechos, nueve de ellos agravados por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos reiterados en 24 ocasiones”.

El entonces presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás Courard,
también estaba imputado pero el juzgado recibió constancias de su
fallecimiento en Chile en 1989.

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