Además, pidió la elevación a juicio oral de la causa y confirmó el procesamiento de los hermanos Cirigliano. El fallo revocó el sobreseimiento del maquinista y del ex titular de la CNRT.

La Cámara Federal porteña avaló en forma parcial lo hecho hasta ahora por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por la tragedia de Once, lo instó a apurar los tiempos para el juicio oral y le ordenó citar a declaración indagatoria a todos los secretarios y subsecretarios de Transportes de la Nación que ocuparon esos cargos desde que TBA obtuvo la concesión de las líneas Mitre y Sarmiento.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo FArah agravaron la situación de los ya procesados ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, pero aliviaron a los empresarios de TBA y Cometrans, ya que revocaron la figura de \”asociación ilícita\” usada por Bonadio para procesarlos y bajaron de \”dolosa\” a \”culposa\” la calificación del delito.

Es decir, entendieron que no se reunieron pruebas que apunten a que los acusados quisieron provocar el choque del tren -que hubo intención- sino que lo que se desprende es que hubo una administración fraudulenta, desidia, un afán de lucro y un \”accionar criminal\” que desembocó el 22 de febrero pasado en la tragedia de Once con 51 muertes.

Todos los empresarios, la planta directiva y gerencial de TBA y Cometrans y los ex funcionnarios quedaron procesados por \”estrago culposo y administración fraudulenta\”, sin prisión preventiva, por lo cual llegarán libres al juicio oral.

Idéntica figura penal recayó sobre Jaime, Schiavi, el ex secretario de Transporte ferroviario Antonio Luna y los ex interventores de la CNRT Juan Pedro Ochoa y Antonio Sicaro. A este último se le revocó un sobreseimiento. Todos tienen embargos por 600 millones de pesos.

Bonadío les había imputado \”abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público\”, delitos más benignos.

El maquinista Marcos Córdoba deberá responder por \”estrago culposo\” con un embargo de 200 millones de pesos.

\”En este momento del proceso existen suficientes elementos que permiten afirmar que el fatídico suceso no fue más que producto de la indiferencia con que se comportaron, por distintos motivos, todos aquellos que intervinieron, de una u otra forma, en la operación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros\”, se advirtió en el fallo.

Sobre Jaime, Schiavi y Luna se remarcó que: \”No caben dudas en cuanto a que los nombrados se encontraban en cabal conocimiento de los términos contractuales y de las graves deficiencias que rodeaban la prestación del servicio por parte de Trenes de Buenos Aires S.A., pese a lo cual permitieron su continuidad sin adoptar medida alguna tendiente a modificar la vergonzosa realidad\”.

\”Los funcionarios estaban en conocimiento de las deficiencias apuntadas por la Auditoría General de la Nación, no sólo referidas a la precaria situación del material rodante e infraestructura sino también relativas a las sumas transferidas a TBA en concepto de subsidios por costos de explotación, y sin perjuicio de ello continuaron con su accionar delictivo\”.

\”Ha quedado demostrada, de ese modo, la contribución de Jaime, Schiavi y Luna a los hechos analizados merced al desapego y total ausencia de atención a la forma en que eran mantenidos los bienes concesionados y al modo en que se prestaba el servicio y se velaba por la propia seguridad de los usuarios\”.

Sobre Mario y Antonio Cirigliano se apuntó que \”Sin perjuicio de que las graves falencias apuntadas eran incluso asequibles por todos, el directorio de Trenes de Buenos Aires S.A. permanecía ajeno a las viscisitudes propias de la explotación del servicio, pese a que esta última era la propia razón de su existencia\”.

Hubo \”administración fraudulenta de los recursos materiales puestos a disposición de Trenes de Buenos Aires S.A. para el desarrollo de la operación del sistema ferroviario que implicaron la desatención de los objetivos primarios de la concesión y que derivaron en las consecuencias típicas que siguieron al choque\”.

\”No caben dudas en cuanto a que tal realidad fue consecuencia del desmanejo de los bienes públicos concesionados cuya conservación y custodia les fuera contractualmente confiada a la par que se incrementaba el deterioro de los bienes públicos entregados y aumentaban los costos de explotación -con la consecuente mayor erogación a cargo del Estado-, crecían los dividendos percibidos por los accionistas de Cometrans S.A\”.

Los empresarios \”han interactuado siguiendo un mismo designio criminal, siendo el rédito económico el único objetivo que, como tal, fue antepuesto en desmedro de las obligaciones contraídas al asumir la operación de la línea Sarmiento, contribuyendo de tal forma a la producción del resultado dañoso e ilícito verificado la mañana del 22 de febrero de 2012\”.