La CIDH condena a Argentina en el caso de un joven accidentado en predio militar

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El hecho ocurrió en 1988, cuando a un chico de 14 años se le cayó un pesado objeto sobre su cabeza causándole la pérdida instantánea del conocimiento y secuelas físicas y mentales que le provocaron incapacidad permanente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó a Argentina por la violación de garantías judiciales y otros derechos a Sebastián Furlán, quien sufrió discapacidad a raíz de un accidente en una instalación militar, informó hoy (jueves 11) el ente judicial.

La Corte IDH sentenció al Estado argentino a adoptar una serie de medidas de reparación moral a favor de Furlán y sus familiares, así como al pago de una indemnización económica por un monto que no dio a conocer públicamente.

La Corte, con sede en San José, determinó que el 21 de diciembre de 1988, siendo un joven de 14 años, Furlán sufrió un accidente en un predio propiedad del ejército cercano a su domicilio, al que ingresó a jugar.

En ese lugar, un pesado objeto cayó sobre su cabeza, causándole la pérdida instantánea del conocimiento y secuelas físicas y mentales que le provocaron incapacidad permanente.

Un juzgado argentino estableció en septiembre de 2000, tras diez años de litigio, que el Estado fue responsable por negligencia de los daños que sufrió el menor y le condenó al pago de una indemnización.

Sin embargo, además de que fue tardía, dicha indemnización se redujo a un 33% del valor otorgado, debido a que fue pagada con bonos de consolidación a 16 años, lo que obligó a la familia a negociarlos en condiciones muy desventajosas.

La Corte IDH estableció que las autoridades judiciales no actuaron con la diligencia y celeridad que exigía la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba Sebastián Furlán, no se respetó su derecho a ser oído y tampoco actuó en su nombre un asesor de menores e incapacitados, como establece el derecho interno para estos casos.

\”Todo lo anterior implicó la vulneración del derecho a las garantías judiciales\”, según los magistrados.

También se vulneró el derecho de Furlán a la propiedad por cuanto la forma de pago implicó una disminución excesiva del insumo económico que recibió y que era necesario para una adecuada rehabilitación y mejores condiciones de vida, según la Corte.

Además, la Corte IDH consideró que, al limitarse la capacidad del demandante a la atención médica y la rehabilitación, se vulneró su derecho a la integridad personal.

La Corte IDH advirtió que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que sólo dará por concluido el caso cuando el Estado argentino haya cumplido íntegramente lo dispuesto.

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