La organización de derechos humanos, que presidió Horacio Verbitsky -uno de los involucrados- advirtió que “está prescripta” y la sentencia quedó “firme”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización defensora de los derechos humanos que por más de tres décadas presidió Horacio Verbitsky, quien a principios de año renunció por el escándalo del “vacunatorio VIP”, se opuso a la reapertura de la causa por el atentado de Montoneros al comedor de la Policía Federal que en 1976 causó 24 muertos.

En un comunicado, la ONG que ahora preside Sofia Tiscornia recordó que “la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decidió mantener abierta la causa que investiga un atentado cometido por la organización Montoneros en julio de 1976”.

“La excusa es la falta de fundamento de la decisión de la jueza de primera instancia María Servini; aunque su decisión en verdad había sido fundada con precisión: los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos y esa decisión está firme”, agregó el CELS.

Verbitsky y Mario Firmenich, como integrantes de la conducción de Montoneros, estuvieron involucrados en la investigación judicial.

“En tanto los jueces ignoran este argumento, lo que hacen es reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad”, apuntó la entidad, que precisó que “aunque jurídicamente esta discusión esté saldada en la Argentina, cada cierto tiempo aparecen estas decisiones judiciales que reabren la cuestión”, pero las resoluciones del Poder Judicial “no ocurren en el vacío ni son inocuas”, señaló.

“Hoy estamos viendo el crecimiento de sectores políticos de ultraderecha que reivindican el accionar del Estado argentino durante los años 70. Sostener abiertas vías judiciales contra toda jurisprudencia solo sirve para producir lo que está pasando ahora mismo: una ola de discursos que equiparan a las organizaciones de militantes con la violencia de Estado más cruenta del siglo XX, ola que, además, nutre los discursos que justifican el endurecimiento estatal contemporáneo”, agregó.

La acción de Montoneros “podría haber sido investigada en su momento por la justicia penal. Eso no fue así porque el Estado, en lugar de este camino, eligió un método clandestino de represión y exterminio, cuyas consecuencias todos conocemos”, abundó.

Los jueces “recogen argumentos relacionados con el derecho a la verdad, derecho que efectivamente es una obligación internacional del Estado asociada a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad cuando hay un obstáculo para la imposición de una sanción”.

La decisión de la Cámara argumentó que se trata de velar por el derecho a la verdad de los familiares de los 24 muertos en el atentado.

El derecho a la verdad se puso en marcha cuando la misma Cámara Federal, integrada entonces por Martín Irurzún, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi cuando el entonces presidente Carlos Menem sancionó una virtual amnistía a militares y guerrilleros condenados impidió que se pudiera penalizar a los militares aunque sí investigar la verdad de lo ocurrido.

En este caso, “no hubo inconvenientes de ese tipo: la causa penal está prescrita y los peticionantes pueden pedir información al Estado sobre los hechos. Probablemente, enfrentarán numerosos obstáculos porque la dictadura se encargó de ocultar y destruir mucha información”, concluyó el CELS.