El ministro de Economía expuso en la Comisión de Presupuesto un proyecto cuyo tratamiento estaba postergado desde hace tres meses y dará detalles sobre la renegociación.

El ministro de economía, Martín Guzmán, defendió hoy, lunes, el proyecto de Ley Presupuesto 2022 dando por hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que no prevé el pago de vencimientos del “stand by” firmado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Guzmán sostuvo que el proyecto de Presupuesto 2022 “le da continuidad a la visión que desde el Gobierno nacional se plantea para propiciar la doble recuperación de la doble crisis: económica y la crisis sanitaria”.

“Hoy Argentina está viviendo un fuerte proceso de recuperación económica, de manera sólida, que permitirá que el PBI crezca el 10%. En los tres meses desde que enviamos el proyecto a hoy, hubo un fortalecimiento en ese crecimiento”, aseguró el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda indicó que “el proyecto busca satisfacer cinco objetivos, la inclusión social, dinamismo productivo, estabilidad macroeconómica, federalismo y soberanía”.

Guzmán remarcó que “no ha habido caída de reservas internacionales” y adelantó que “para el 2022 y en adelante la acumulación de reservas también es un objetivo” del Gobierno.

En el marco de su presentación, el ministro admitió que “el problema principal que se ha enfrentado la Argentina en 2021 ha sido la dinámica inflacionaria y es un objetivo de la economía atacar”.

La defensa de los números de gastos e ingresos del año próximo se postergó al menos tres meses desde que fue enviado al Congreso debido a las fuertes resistencias internas, que ya se habían expresado antes de las elecciones Primarias de septiembre último.

En una carrera contra-reloj, el jefe del Palacio de Hacienda opera a dos puntas: en una está el “staff” del Fondo, con el que una misión técnica de su equipo y enviados del Banco Central avanzó este fin de semana en Washington; y en la otra, los legisladores del oficialismo y de la oposición que deben darle el visto bueno al diseño de la iniciativa legislativa que prevé el acuerdo.

El marco de la negociación se conoció públicamente el viernes pasado cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner le reclamó, en plano acto por el Día de la Democracia, al presidente Alberto Fernández desde el escenario montado en Plaza de Mayo, que no firme nada que suponga un ajuste para los ya vaciados bolsillos de los argentinos.

“Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que implique comprometer el crecimiento y el desarrollo social”, le aseguró de inmediato, en el mismo acto, el primer mandatario.

En simultáneo, hoy mismo el directorio del organismo internacional de crédito analizará el pedido de un grupo de países -entre ellos, Argentina- de rebajar los sobrecargos que pagan por los excesos en el endeudamiento, que para el país significan unos mil millones de dólares más por año. Sería un gesto, no más, si se aprobara.

En su último comunicado, el Fondo planteó que Argentina debe hacer un recorte “gradual” del déficit, bajar la inflación, la emisión monetaria y las tasas de interés, y aumentar las reservas en dólares.

En el bloque oficialista creen que esas exigencias podrían incidir en los cálculos oficiales, que buscan aprobar entre jueves y viernes en el recinto.

Una primera proyección prevé la actualización del PBI por el mayor ritmo de reactivación: el ministro estimaba en septiembre un crecimiento del 8% para este año pero se acercará al 10% y dejará un piso del 4% para 2022.

Más allá del planteo de CFK, la reducción del desequilibrio fiscal y la baja de la inflación suponen un menor crecimiento. Por eso el FMI prevé una expansión del 2% el año que viene y los analistas, del 2,6% en promedio.

Guzmán deberá adecuar ingresos y gastos en virtud del incremento de la recaudación para fin de año. Y, para el próximo espera un aumento real de los recursos por el crecimiento del empleo formal, IVA y Ganancias.

Respecto a los gastos, el oficialismo utilizaría la misma estrategia que el año pasado de sumar fondos a las provincias para obtener los votos pero  sin modificar el déficit previsto (3,5% del PBI), por lo que Economía tendrá que redistribuir partidas o subir impuestos. Aunque tampoco se descarta reducir el gasto por pandemia, lo que en 2020 implicó el recorte del IFE.  

Guzmán tuvo casi tres meses para sumar modificaciones desde que envió el proyecto al Congreso aquella jornada fatídica de septiembre en medio del terremoto provocado por la derrota en las PASO. 

El académico experto en reestructuración de deudas sobrevivió a aquella debacle, que casi lo deja afuera del gabinete si no fuera por su rol central en la negociación externa, y también su presupuesto.

Pero el mismo día en que llegó al Parlamento, Cristina Kirchner cuestionó el “ajuste fiscal” y la diputada Fernanda Vallejos reconoció en un audio que fue oportunamente difundido un ajuste sobre los jubilados (“Lo mínimo que puede hacer el Gobierno es remontar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones”, se la escuchó decir en aquel mensaje de Whatsapp).

El ministro se animó a contradecir a la vicepresidenta y dijo que hubo una política fiscal expansiva, pero el proyecto quedó congelado en comisión hasta hoy.

Las divisiones internas postergaron la negociación con el Fondo hasta el último fin de semana, cuando la delegación mixta de Economía y el Central voló a Washington con una notable pérdida de reservas tras la derrota en las elecciones legislativas de noviembre. 

El nuevo Presupuesto no contempla ninguno de los pagos al FMI por 19.000 millones de dólares en 2022 y se prevé una llegada de dólares de los organismos internacionales de al menos US$ 5.300 millones.

Para la oposición se trata de una “inconsistencia” más que se suma al cálculo de una inflación del 33%, muy por debajo del piso del 52% previsto por las consultoras, o un dólar a 131 para diciembre del año próximo.

Fuentes: propias, Clarín y agencias