Exigirán al gobierno porteño que detenga un “patrimonicidio” con las construcciones que son demolidas para posibilitar los negocios de desarrolladores privados.

Vecinos de las comunas porteñas comenzaron a agruparse tras observar un aumento de emprendimientos inmobiliarios para levantar edificios en terrenos en donde había casas bajas, y emprendieron una defensa del patrimonio y la identidad de cada barrio y de sus espacios verdes y públicos que se manifestará este sábado con una protesta frente a la Legislatura de la Ciudad.

La movilización, convocada para las 16 en las puertas del edificio de Perú 130 bajo el lema #SeVaBuenosAires, exigirá a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que detenga lo que consideran un “patrimonicidio” de las construcciones que son demolidas para permitir los negocios de desarrolladores privados.

También, pedirán por una auditoría a los organismos de la gestión porteña encargados de decidir qué edificios se conservan y cuáles no, y reclamarán por la preservación del espacio público del cual se va desprendiendo el Estado, como ocurrió con la venta de Costa Salguero en Costanera norte.

Serán medio centenar de colectivos barriales y asociaciones vecinales las que participarán del reclamo ante la sede del Legislativo porteño, donde en 2018 fue aprobado un nuevo código que definió un mapa distinto de alturas permitidas para futuras construcciones, el cual, según entienden sus críticos, tuvo como efecto negativo que elevó los límites en zonas de edificaciones bajas.

Magdalena Eggers, integrante del Colectivo de Arquitectas y especialista en normativa, dijo a Télam que el Código del 2018 fue “más permisivo” y “en vez de respetar las edificaciones existentes, lo que hizo fue poner, en los barrios bajos y tranquilos, alturas más altas, por lo que los vecinos ahora se están dando cuenta del horror que significa eso y se están volviendo locos”.

“Los edificios están permitidos, lo que está mal es la norma”, aseveró Eggers, quien aconsejó que “lo que tienen que hacer los vecinos es pedir la rezonificación de los barrios”.

Uno de los barrios más afectados por el “boom” inmobiliario es Villa Ortúzar, donde el grupo vecinal armó un mapa que reveló que en los 1,8 kilómetros cuadrados de su superficie hay 50 obras en construcción activas y 90 terrenos en venta.

“Estamos cada vez más preocupados porque a quien no le construyen al lado, le venden atrás o enfrente. Hay cada vez más casas que son demolidas, lo que nos da mucha tristeza porque este es un barrio tranquilo que se transformó en un caos”, manifestó Gigi, una vecina de hace más de veinte años de Villa Ortúzar.

Allí también hay un proyecto inmobiliario para levantar un edificio de ocho pisos, con local gastronómico en la planta baja, dentro de una plaza, lo que motivó a los vecinos a formar el colectivo “Somos la Malaver”, en referencia al nombre del espacio verde

Ignacio Iraola, residente del barrio, explicó que no están en contra del progreso “sino que se construya un edificio de ocho pisos dentro de una plaza que tuvo un rol muy importante en la pandemia”.

En Núñez iniciaron una campaña que incluyó la colocación de carteles en los frentes de las casas con la leyenda “No al Código Urbanístico. No al Código de Edificación”, en rechazo a las construcciones en altura y en defensa del “patrimonio barrial y de los espacios verdes”.

Precisaron que en la actualidad conviven distintos emprendimientos inmobiliarios, entre ellos, en un predio en Arias, entre O´Higgins y Arcos; en terrenos en la intersección de Deheza y Cuba, frente a la plaza Félix Lima; y otro en O´Higgins, entre Ramallo y Arias.

También en Colegiales existe una decena de obras en curso con foco en el llamado “Playón Ferroviario”, que linda con la estación de trenes de la línea Mitre, el que fue vendido por el Estado años atrás a distintas constructoras que ya comenzaron con los trabajos.

“De los cinco lotes vendidos ya empezaron las obras en tres y nos informaron que están aprobados otros dos emprendimientos más, con lo cual la situación se agrava cada día más porque va a traer más movimiento de gente y mayor consumo de los servicios como agua, luz y cloacas, y también más transito”, se alarmó la vecina Adriana Fernández.

En Parque Chacabuco, un barrio también de viviendas bajas, está en desarrollo un proyecto de cinco edificios que alcanzarán entre los 12 y los 21 pisos, lo que generó que los vecinos recurrieran a la justicia a través de una acción de amparo porque aseguran que allí el tope para las construcciones es de 11,20 metros.

“Vienen a destruir la identidad cultural del barrio, nos afecta de distintas maneras porque ponen en riesgo la prestación adecuada de los servicios, nos quita luz natural del sol, avasalla derechos colectivos, no tiene en cuenta las necesidades del barrio y tampoco resuelve el problema habitacional porque son viviendas de lujo”, argumentó Analí, una vecina.

En el corredor oeste de la Ciudad sigue vigente un reclamo en Villa Santa Rita para contar con una plaza ya que es el único barrio porteño sin un espacio verde; mientras que en la zona de Agronomía hay un pedido para que la Universidad de Buenos Aires, dueña de un parque de unas 60 hectáreas, permita el acceso a toda su superficie.

Guillermina explicó que “ya no da para más seguir esperando por la plaza, es un reclamo ambiental y de salud pública que ya lleva más de diez años y que parece no ser escuchado porque el proyecto duerme en la Legislatura”.

Entretanto existen agrupaciones vecinales que rechazan la instalación de estadios para eventos deportivos y recitales como son los casos de Villa Crespo, donde se opusieron a Movistar Arena, y en Boedo que resiste la llegada de la cancha de San Lorenzo de Almagro.

“En este momento, el problema de la falta de los espacios verdes y el uso comercial de terrenos está puesto en evidencia una vez más. Los habitantes de Boedo rechazamos la imposición inconsulta de profundos cambios en nuestras vidas, ya que cuando elegimos vivir acá era un barrio sin estadio”, señaló María Alen.

En Saavedra, hay un movimiento barrial que surgió tras la difusión de un proyecto del Gobierno porteño para abrir al aire libre un tramo del arroyo Medrano, que permanece entubado desde 1942, en una iniciativa que interpretan “quitará espacio verde y aumentará la cantidad de cemento”.

También, nacieron iniciativas vecinales en contra de las torres en barrios como Parque Chas, Villa Pueyrredón, La Paternal, Villa Urquiza y Bajo Belgrano.

Paralelamente, un grupo de organizaciones integrado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Defensoría de Laburantes (La Defe) y el colectivo “Basta de Demoler” motorizó una junta de firmas a través de la plataforma de Change.org en rechazo a la “pérdida de identidad, patrimonio, diversidad, habitabilidad y calidad de vida” en la Ciudad.

“Solicitamos que de forma urgente se suspendan los efectos del Código Urbanístico aprobado en 2018, que permite la destrucción de la identidad de los barrios residenciales de casas bajas e impulsa la sobreconstrucción en otros barrios ya consolidados sin que se haya establecido cómo se incrementará la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, necesaria para soportar el aumento de la densidad constructiva y demográfica”, advierten.