El Ejecutivo aceptó la del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la de la vicepresidenta, Mariana Quevedo. El primero permanecerá en el cargo hasta que se designe a su reemplazante.

Con dos decretos publicados hoy, viernes, en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó las renuncias del titular y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y los delitos económico-financieros complejos.

El alejamientos de las máximas autoridades de esta institución se conoce poco después de que su titular, Carlos Cruz, fuera denunciado ante la Jefatura de Gabinete por supuesto “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales.

En el Decreto 752/2021, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aceptaron la dimisión de Cruz, aunque se aclaró que “se hará efectiva a partir de la designación de la persona que lo reemplace en el citado cargo”.

En los considerandos, las autoridades nacionales explicaron que esto es así porque “los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia” de la UIF “tornan ineludible evitar la acefalía” del organismo.

El Gobierno precisó que el propio Cruz presentó su dimisión “con fecha 15 de octubre de 2021″, pero no aclaró los motivos.

El funcionario había quedado en medio de una interna luego del “error” procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y de otros dos directivos de la empresa en la llamada “causa de los cuadernos”.

El abogado que representaba a la UIF en ese expediente, Fernando Diez, denunció al saliente titular de la entidad ante la jefatura de Gabinete por supuesto “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales. 

Diez fue despedido al poco tiempo y hay otros dos abogados sumariados por el escándalo. “La causa Cuadernos nunca se impulsó en la gestión de Cruz, esa era la orden no escrita que teníamos”, coincidieron los afectados.

El 10 de agosto último, el juez federal Julián Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que condujo el fallecido Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta.

Los dos últimos habían declarado que desde el ministerio de Planificación Federal les habían pedido dinero a cambio de el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas del grupo en Venezuela.

Pese a confirmar que los pagos se hicieron, el fallo planteó que el caso de Techint era diferente al del resto de los empresarios porque el dinero que se entregó era para “ayuda humanitaria”.

Ercolini actúa en el marco de un pequeño tramo de la causa disparada por la denuncia del chofer Oscar Centeno, que sigue en instrucción. El grueso del expediente está en manos del Tribunal Oral Federal 7 aunque todavía no tiene fecha para comenzar el juicio.

En la causa principal, la vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus exfuncionarios están acusados de haber integrado una asociación ilícita que recaudó dinero entre los empresarios con los que hacían negocios durante la gestión kirchnerista.

El fallo en cuestión tenía un plazo para ser apelado, pero ni la Fiscalía ni la UIF se presentaron. “Teníamos tiempo entre el 10 y el 16 de agosto. Nadie dentro del organismo dio una directiva aunque la noticia del sobreseimiento había salido en todos los medios. Además la encargada del área de Litigios, Marcela Vivona, estaba con licencia por Covid-19″, explicó a Infobae uno de los implicados.

Ahora, además de Cruz, también presentó su renuncia la vicepresidenta del organismo, Mariana Quevedo, la cual fue aceptada sin demoras por el presidente y el ministro Matías Kulfas a través del decreto 751/2021, también publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Por su parte, antes de irse del cargo, Cruz inició un sumario contra los tres abogados que intervenían como patrocinantes en la “causa cuadernos”.

En tanto, en la denuncia administrativa contra Diez -identificada como EX-2021-89663398-, éste relató cómo fueron los hechos y ofreció testigos: “Las constantes acusaciones hacia el personal de la Dirección, las amenazas respecto a despidos, los despidos concretados, el abandono de la dirección y la responsabilización al personal por las consecuencias de esa desidia, las órdenes y contraordenes verbales, el aislamiento de las responsabilidades de los superiores en perjuicio de los subalternos, entre otras situaciones, han sido moneda corriente”, aseguró.