El fiscal rosarino pedirá la prisión preventiva de algunos de esos directivos y señaló que por acumulación de delitos están en condiciones de pedir la pena máxima.

Los catorce miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá en la audiencia fijada para el jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos.

Fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Moreno imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el “default” de la empresa.

En la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de la ciudad santafesina, también les imputó el delito de estafas en carácter de coautores contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y luego en cesación de pagos, precisaron fuentes judiciales.

Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin),  Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

Buyatti fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras afectadas por las maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir mañana si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal por entender que pueden influir para alterar el proceso, o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por 5 millones de dólares.

Al concluir la audiencia, el fiscal señaló que “si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años”.

A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

Los informes trimestrales que presentaron ante los bancos internacionales exhibían una aparente sólida situación patrimonial “con el fin de ocultar su realidad económica financiera” y “engañar a las entidades financieras”.

El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como “una puesta en escena de empresa solvente y confiable” a fin de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopiadores, cooperativas y corredores, “quienes, engañados, entregaron toneladas de granos bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.